El gobierno de Formentera dice que no habrá crecimiento turístico ni se autorizarán las 3.000 plazas de la bolsa actual

Ibiza

El Gobierno de Formentera dice que no habrá crecimiento turístico ni se darán las 3.000 plazas de la bolsa actual que están afectadas por una moratoria aprobada en la pasada legislatura. La pitiusa menor tiene un techo de plazas turísticas de 20.585 aprobadas en las legislaturas de gobierno progresistas, de las que 12.081 corresponden a hoteles y apartamentos y 8.054 a estancias vacacionales.

Lo ha dicho el conseller de Turismo, Artal Mayans, que echa a la culpa a los gobiernos progresistas del crecimiento de los últimos años dando de alta hasta 10.000 nuevas plazas.

Palabras de Mayans en el pleno del Consell Insular de este jueves en el que se ha aprobado por unanimidad una moción de Gent per Formentera para poner en marcha un plan de inspección turística para combatir los alquileres ilegales. El conseller afirma que está en fase de tramitación la contratación de un inspector turístico , también de más celadores. Asegura en la línea de lo que viene diciendo en las últimas semanas el Govern que ha llegado la hora de tomas medidas "valientes".

La consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, afirma que la gestión turística en esta legislatura "no es buena ni mala, sino nula, con una contradicción detrás de otra". Dice que lo que se regularizó fueron 5.000 plazas de estancias turísticas.

Ha recalcado que la moratoria que se aprobó era necesaria porque la isla no podía aplicar por su cuenta la normativa que había aprobado. Ferrer destaca que a pesar de no contar con inspectores turísticos, en los últimos años se han abierto expedientes y propuestas de sanción a alojamientos turísticos sin licencia.

En 2016 hubo 100 inspecciones a viviendas, con 10 expedientes sancionadores y se precintó un establecimiento de 17 apartamentos. En 2017 fueron 241 las inspecciones y se incoaron 36 expedientes sancionadores

En 2018 fueron 47 los expedientes sancionadores con un importe global de 504.000 euros.

En la pasada legislatura las prioridades fueron otras debido a la pandemia pero en 2023 hubo 72 expedientes y sanciones por un importe de 248.000 euros.