Amnistía Internacional reclama al Govern que mantenga la Ley de Memòria: "Es una cuestión de respeto de los derechos humanos"

Palma

Amnistía Internacional en Baleares reclama al Govern que mantenga y mejore las políticas públicas de memoria democrática y se rinda homenaje a todas las personas que sufrieron violaciones de sus derechos humanos durante el Golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

La responsable del equipo de memoria democrática, Catalina Moragues, lamenta la intención del Govern de derogar la Llei de Memòria Democràtica y recuerda que se aprobó existiendo un mandato de Naciones Unidas y con el acuerdo del Partido Popular en la mayoría de las medidas, pudiendo añadir incluso algunas enmiendas.

La organización, que tiene como finalidad primordial la defensa y promoción de los derechos humanos inherentes a la dignidad de todo ser humano, quiere contribuir con su voz a "mantener vivo el recuerdo del significado y la trascendencia de los hechos que han marcado la vida de los ciudadanos de estas islas", con la convicción de que "preservar la memoria colectiva fortalece a los baleares como pueblo y les permite construir un futuro mas justo".

Así, han alegado que la ley memorialista, junto con la Ley balear de Fosas, forma parte de la "debida reparación a las víctimas que conforma el derecho individual y colectivo a la memoria", ya que no la entienden solamente como "un sentimiento de evocación personal del pasado", sino como "un acto de conocimiento de la historia" y que "constituye un acto de justicia", porque "sin memoria de las injusticias no puede haber justicia".

Por esta razón, Amnistía Internacional Baleares pide tanto al Govern, como al Parlament que garantice la preservación histórica de la memoria colectiva de "graves violaciones de derechos humanos" cometidas en España durante la Guerra Civil y el franquismo, como "elemento esencial de la reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y el establecimiento de garantías de no repetición".

Al mismo tiempo, han reclamado que se reconozca y rinda homenaje a todas aquellas personas que "sufrieron, individualmente o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial" de sus derechos fundamentales, a consecuencia de "acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" durante el periodo que alcanza el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, e incluir lo transcurrido hasta el final de la violencia del periodo de la Transición.

Por último, solicitan que se "mejoren las políticas públicas" de memoria democrática que son "esenciales" para preservar los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, así como el derecho a saber tanto a nivel individual como colectivo.