Un informe denuncia la vulneración de derechos de los migrantes que llegan a Baleares
Novact e Irídia advierten de las prácticas policiales vejatorias, la falta de asistencia sanitaria y las condiciones de detención que incumplen estándares internacionales en las llegadas a las islas
Palma
Un informe elaborado por Novact e Irídia denuncia la ausencia de atención sanitaria en condiciones, actuaciones policiales vejatorias y la precariedad extrema a las que se tienen que enfrentar las personas migrantes que llegan a Baleares.
Ambas entidades han explicado que esta situación "vulnera los derechos y compromete la integridad de quienes acaban de desembarcar en las costas". El documento alerta de que la ruta hacia las islas está cambiando y que la Administración mantiene una gestión basada en la emergencia que deja, dicen, sin protección a colectivos vulnerables.
El informe analiza todas las fases del proceso de llegada y concluye que, en Baleares, persisten prácticas vejatorias, falta de protocolos y un uso sistemático de la privación de libertad en el centro de atención temporal de Son Tous. También deficiencias graves en la atención humanitaria, donde la asistencia depende de la disponibilidad del personal voluntario.
El responsable de proyectos de migraciones de Novact, Clara Calderó, ha denunciado el protocolo que sigue la Guardia Civil para identificar a los migrantes que llegan a las costas. "En ciertas ocasiones tienen lugar prácticas vejatorias o contra la integridad moral de las personas como el hecho de escribir el número identificativo en la piel de las personas".
Además, ha señalado que no existen protocolos de coordinación ni se garantiza una asistencia sanitaria profesional porque no está asegurada la presencia de personal cualificado. "Personas que han sobrevivido a un trayecto en embarcación precaria requiere una práctica sanitaria individualizada".
El informe señala que uno de los puntos críticos es la situación en Son Tous, donde se denuncia que las condiciones no cumplen los estándares internacionales con celdas con barrotes, colchonetas en el suelo y duchas inoperativas.
"No existen instalaciones adecuadas para la infancia, unidades familiares o personas con necesidades especiales; las instalaciones tienen la naturaleza de un calabozo y no se cuenta con duchas operativas", ha explicado.
Además, han denunciado la prohibición de realizar una llamada con el exterior y la realización de entrevistas sin asistencia de letrados para la identificación de los patrones de embarcación lo que consideran una "criminalización de la migración y de la infancia".
