Residentes en la antigua prisión de Palma: "Yo quiero salir de aquí, una vivienda que pueda pagar"
Varios moradores de la antigua cárcel se han sumado a la concentración de varias entidades sociales contrarias al desalojo
Palma
Algunos residentes en la antigua prisión de Palma se han sumado a la concentración de las entidades sociales. No reclaman caridad, dicen, sino una vivienda digna que puedan pagar. Muchos de ellos han explicado que tienen un trabajo estable e ingresos, pero que la locura del mercado del alquiler en la ciudad les ha expulsado del circuito.
Antonia Morey es una de las residentes en la antigua prisión. Lleva viviendo en ella más de diez años. Lamenta que el Ayuntamiento les quiera desahuciar y trunque sus planes para intentar salir de su situación. "Vivimos gente que trabajamos, ahorramos e intentamos salir del paso. Tengo una depresión hace tres días porque estoy intentado buscar salidas y opciones pero luego veo que nos van a echar. Me tiran por tierra todas las ilusiones que estoy intentando construir por otro lado".
Morey insiste en que los moradores del recinto no quieren una vivienda gratis, sino una que puedan pagar acorde con sus ingresos: "Yo no me quiero quedar a vivir aquí, pero para salir hace falta un trabajo y una nómina, algunos no lo tienen. Lo que pido es que el sistema social se preocupe y vea lo que cobra cada uno y la opción que nos pueden dar, como un régimen social".
Es lo mismo que pide Aurora Ballester, que vive con su marido en la antigua cárcel. Lamenta las dificultades para alquilar una vivienda en el mercado a día de hoy, porque te piden muchos meses por adelantado y es complicado. Luisa Santiago reclama al IBAVI que movilicen viviendas para darle una respuesta: "Que nos pongan un alquiler social que podamos pagar, con mil euros dónde voy, qué pago. Necesito un alquiler que vaya bien con lo que tenemos" señala.
El Ayuntamiento ha dado un plazo de cinco días a los moradores de la prisión para alegar a la notificación de desalojo. Una vez transcurridos, tienen cuatro días para marcharse voluntariamente.