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Córdoba acusa al gobierno de Formentera de favorecer a los concesionarios de playas para propiciar indemnizaciones

Lamenta que se destinen fondos públicos en estudios y recursos para evitar la retirada de las concesiones a los chiringuitos

Imagen de uno de los chiringuitos

Imagen de uno de los chiringuitos

Imagen de uno de los chiringuitos

Ibiza

El verano turístico en Formentera puede verse condicionado por la ausencia de uno de los atractivos que ofrece la isla: los chiringuitos de playa.

Las concesiones actuales penden de un hilo después que la consellería balear del Mar y del Ciclo del Agua ha abierto un expediente de infracción en el que propone la revocación de las concesiones por incumplir el pliego de condiciones del concurso.

Con ese escenario, el conseller no adscrito y expresidente del Consell, Llorenç Córdoba, critica que desde el gobierno insular se está adoptando una estrategia "errónea que abre la puerta a que los empresarios a los que se retire la concesión soliciten cuantiosas indemnizaciones". Asimismo, ve "factible" que el verano acabe sin quioscos de playa abiertos

El gobierno insular ha presentado un nuevo recurso ante la Consellería en la que plantea un cambio normativo para que los chiringuitos no tengan que desmontarse entre el 15 de enero y el 15 de febrero. El primer recurso presentado por la institución no fue admitido a trámite.

Córdoba acusa al gobierno de sa Unió de "malgastar" recursos públicos, en lugar de hacer cumplir la ley y advierte de que esta actitud irresponsable tendrá consecuencias, porque "al ponerse de lado de los concesionarios les facilita el camino a seguir cuando se les acabe retirando la concesión".

El conseller no adscrito señala que el informe técnico, pero sobre todo el jurídico que avala la retirada de las concesiones es "demoledor" y deja claro a la administración insular que no tiene otra salida que proceder a la retirada de las concesiones.

Desde el inicio de apertura del expediente se fija un periodo 18 meses para que la resolución sea firme, pero el conseller no adscrito asegura que este es el plazo límite que no tiene porque agotarse.

 

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