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La jueza archiva la causa contra la consejera de Educación, Manuela de Armas, por prevaricación administrativa

La magistrada no ve indicios de delito en la no autorización del establecimiento de una universidad privada en Tenerife

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas / Parlamento de Canarias (PARLAMENTO DE CANARIAS)

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas

Santa Cruz de Tenerife

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Zabala Sanz ha dictado un auto por el que decreta el archivo de la causa contra la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, por presunta prevaricación en relación con el establecimiento de una universidad privada en Tenerife, según han confirmado fuentes judiciales a la Cadena SER. La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas y la viceconsejera de la misma Área, María Dolores Rodríguez González, permanecía en calidad de investigadas dentro de las diligencias de investigación iniciadas por el juzgado tinerfeño tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por Tech Education, Rights & Technologies.

La denuncia fue presentada el pasado 22 de febrero por la citada empresa al entender que la Consejería de Educación había incurrido en irregularidades al no autorizar el establecimiento de la citada universidad privada en Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, la jueza tras recabar el expediente completo del reconocimiento de la empresa educativa querellante, las diligencias de la Fiscalía y la toma de declaración tanto a la consejera como la viceconsejera, considera que no se ha producido perjuicio alguno y que, por lo tanto archiva las actuaciones contra Manuela de Armas y María Dolores Rodríguez por un delito de prevaricación administrativa. Cabe recordar que los trámites para la implantación de la mencionada empresa privada se iniciaron en 2017 y se han demorado por espacio de más de cuatro años al no contar con el apoyo de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias ni de la Consejería de Educación.

 

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