"La comida es una mierda y la compro fuera": denuncian las carencias de una macroresidencia de mayores de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

Desde hace un año que Jaime Guirafe permanece ingresado en la residencia de mayores de El Pino, una de las macroresidencias de ancianos de Canarias de referencia. Tiene ochenta y seis años, pero desde que fue trasladado desde la residencia de Taliarte, en Telde, no ha parado de tener problemas. Jaime es una personas dependiente al no tener sus dos piernas. Tuvo un accidente que lo condenó a estar sobre una silla de ruedas y a recibir asistencia permanete. "Me han cambiado de cama tres veces", cuenta con lamento en una entrevista en Hoy por Hoy El Drago de SER Las Palmas. Sin embargo, a pesar de la incomodidad que supone la falta de material adecuado, lo que más le ha sorprendido es la calidad de la comida. Asegura que su médico le recomendó que se comprara sus propios alimentos fuera de la residencia "La comida es una mierda, hablando mal y pronto", dice sin tapujos este residente de El Pino. "Tengo la suerte de que fuera de la residencia, en un bar, me preparan el menú del día. Aquí hay mucha gente que se queda sin comer por no probarla" y, de hecho, asegura que "muchos familiares traen comida a otros residentes" desde el exterior.

Jaime está convencido de que los problemas que se padecen en su interior "podrían arreglarse" en poco tiempo si se empeñara el Cabildo de Gran Canaria, que es el propietario de la residencia, "pero no se le ha metido mano". La comida es uno de los graves problemas que tiene que padecer a diario Jaime, pero las condiciones del material que sirve para asistirlo a él y al resto de ingresados en la macroresidencia de Las Palmas de Gran Canaria tampoco ayudan.

"Es indignante", llega a decir este hombre al compararlo con la calidad de "cinco estrellas" que tenía el centro hace un tiempo. "Faltan hasta cucharas para comer", afirma Jaime quien recuerda que también "el material es obsoleto y no se cuenta con la cantidad de personal suficiente" para cubrir la demanda de la residencia. "En un momento determinado llaman de una planta para reforzar a otra, pero están quitando la ropa de un santo para vestir a otro", denuncia. "La residencia de mayores de El Pino debería ser gestinoada directamente por estamentos públicos y no por una empresa privada; al final, una empresa busca sacar dinero", lamenta Jaime.

Unos 300 trabajadores, a la huelga por las condiciones de trabajo

Desde este martes los 300 trabajadores del Centro Sociosanitario de El Pino están llamados a paralizar su actividad secundando una huelga indefinida. Piden a la empresa adjudicataria del contrato de esta residencia que depende del Cabildo de Gran Canaria, Icot, que les abone las nóminas que les adeuda y el incremento salarial que se pactó por convenio a principios del año 2022.

Los trabajadores alertan de que se está poniendo en riesgo no sólo la salud de los pacientes y su asistencia, sino también la del propio personal que trabajan con ellos. Según denuncian públicamente, el número de personas que conforman la plantilla no es suficiente para cubrir la demanda. Los horarios de trabajo los califican de "interminables" mientras que el material tampoco es el adecuado. Aseguran que ante la falta, por ejemplo, de grúas, tienen que levantar a pulso a los residentes y esto, subrayan, pone en riesgo a personas que son vulnerables. Además, recuerdan que como consecuencia de las cargas de trabajo y de las condiciones padecen ansiedad, estrés y también lesiones musculares.

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"Muchas veces nos hemos encontrado hasta tres y cuatro enfermeros para seis plantas", afirma Ana Suárez, empleada del centro sociosanitario. "No tenemos tiempo de comer por el défitit de personal auxiliar y de limpieza". Además, Ana asegura que "los equipos de asistencia para los residentes están dañados" y coincide con Jaime en que la comida no es de la mejor calidad. "Hemos servido pescado con espinas y no todos los residentes son capaces de retirarlas. Además, el puré a veces es como una piedra y hemos tenido que hervir agua para que lo puedan tragar". A las carencias denunciadas de material y alimentación, también se añade el poco personal con el que cuentan para asistir a todos los residentes.

"A veces nos hemos visto con un enfermero durante toda una noche y dos o tres para todo el turno de la mañana. A muchos auxiliares se les ha terminado el contrato y no se han repuesto esos plazos. La mayoría de los residentes son dependientes. Necesitamos más gente para tener buena calidad de atención a los pacientes", denuncia Ana.

Los trabajadores sostienen que la huelga durante este martes será contraprogramada con "servicios mínimos abusivos" que han sido impuestos por el Cabildo insular que dirige Antonio Morales y hacen "incompatible" ejercer el derecho legístimo a la huelga.

Diez meses de incremento salarial, a la espera, según la empresa

La empresa responsable desde hace doce años de la gestión del centro es Icot, a cuyos responsables les ha pillado por sorpresa esta huelga que califican de "inesperada" y subrayan que, en todo momento, "la empresa y el servicio están sometidos al control e inspección del Cabildo de Gran Canaria" y se garantiza así "el estricto cumplimiento de la normativa y el pliego de prescripciones técnicas".

A través de un extenso comunicado de doce puntos aclaratorios, Icot sostiene que después de la renovación del contrato de gestión el uno de octubre de 2022 se contempla la posibilidad de "externalizar servicios no esenciales" como también ocurrió en el contrato anterior, pero "no se ha optado por esta posibilidad". Además, recuerdan que la empresa gestora es la responsable del "mantenimiento de las instalaciones", pero no de su renovación y manifiestan su convencimiento de que el Cabildo de Gran Canaria "aportará lo necesario en el nuevo pliego para la puesta a punto de sus instalaciones".

Desde la empresa subrayan, además, que los turnos de trabajo siempre se han configurado sin incidencias desde el año 2010 con los representantes de los trabajadores y niegan que existan retrasos en el abono de las nóminas "como sí que afirman desde los representantes sindicales" de los trabajadores. "La empresa no mantiene ninguna deuda desde el 2021" y, después de la sentencia del 5 de octubre de 2022, "la traslación del 6,5% de incremento de las nóminas fue inmediata". Eso sí, aclaran desde Icot que "se generan unos atrasos desde enero y hasta octubre que siempre fueron reconocidos". Desde la empresa han manifestado su "indudable" compromiso para pagarlo aunque "de forma sostenible para la empresa", como consecuencia de "veinte meses de pérdidas económicas y de retrasos en el cobro de facturas del Cabildo de Gran Canaria".