La revisión del delito de malversación del Código Penal abre la puerta a la vuelta de Miguel Zerolo a la política

Santa Cruz de Tenerife

Las repercusiones de la reforma del Código Penal que acaba de entrar en vigor y que modifica el delito de malversación, no solo afectaría a las penas privativas de libertad de los condenados por el 'caso de Las Teresitas' sino que abriría la posibilidad de que se anulara también la inhabilitación especial para ejercer un cargo público. Esto significaría que, de prosperar las revisiones de las penas del mencionado caso, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, podría quedar en libertad y además, nada le impediría presentarse en una plancha electoral o volver a la vida política. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, se abrirían varias opciones. La primera que las penas de prisión se convaliden por una multa y en segundo lugar la puesta en libertad si los recursos presentados por los condenados ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife prosperan. Aún así, en ambos casos, la privación del sufragio y la inhabilitación especial es accesoria a las penas de prisión y no a las de multa. En resumen: al desparecer el delito desparecen las penas, incluidas las accesorias como la que le impide el desempeño de cargo público. En el caso de que prosperen esas revisiones anunciadas por los condenados, lo que tenía un difícil encaje serían las indemnizaciones ya que, la sentencia fue firme y confirmada por el Tribunal Supremo. Es decir, que en todo momento se ajustó a derecho por lo que no cabría indemnización del Estado por el periodo de prisión que han cumplido hasta el momento los procesados.

El juicio

La apertura del juicio más mediático de la historia del Archipiélago se celebró en 2017 tras finalizar una larga instrucción de casi diez años de duración y que sentó en el banquillo a 13 acusados. Con 90 tomos de sumario y un juicio que duró más de un mes, se consideró probado que seis de los 13 acusados habían conspirado para realizar una operación de compraventa ilegal de once parcelas de la playa de Las Teresitas. La compra en 2001 del frente de la principal playa de la capital tinerfeña, Las Teresitas, a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia Santos costó 52,2 millones de euros, casi el triple del valor de lo estimado por técnicos municipales (19 millones) y cuando parte de esos terrenos ya eran propiedad del propio Ayuntamiento. Los tribunales entendieron que la operación fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento. Seis de los trece acusados fueron condenados a penas que suman 33 años de prisión. El tribunal consideró además que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público". Posteriormente, el Tribunal Supremo anularía la operación de compraventa de los terrenos.

Las penas

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo fue condenado a siete años de prisión y a una pena de inhabilitación especial para desempeñar un cargo público, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses. Del mismo modo, la Audiencia también condenó a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a cinco años y tres meses de cárcel. Como cargo político también fue condenado el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo.