Los condenados por el caso 'Las Teresitas' piden la reducción de sus penas tras la reforma del delito de malversación
Según avanza el periódico El Día, los condenados por el ‘caso Las Teresitas’ preparan la solicitud de la revisión de sus penas. Los abogados basan sus peticiones en la reforma del Código Penal
Tenerife
Las defensas de los condenados por el ‘caso Las Teresitas’ preparan la solicitud de la revisión de sus penas. Los abogados basan sus peticiones en la reforma del Código Penal que acaba de entrar en vigor y que modifica el delito de malversación, que es uno de los tipos por el que varios de los procesados fueron sentenciados a penas de cárcel. Lo avanza el periódico El Día. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y algunos de los concejales del grupo de gobierno que aprobó la compraventa de la playa capitalina han cumplido penas de prisión por el delito de malversación. Uno de los tipos delictivos que han cambiado con la reforma penal que ha acometido el gobierno de Pedro Sánchez.
Los tribunales entendieron que la operación fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento. Seis de los trece acusados fueron condenados a penas que suman 33 años de prisión. El tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
En concreto, sobre el exalcalde Zerolo la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación. Los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción tinerfeña, e Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, fueron sentenciados a cinco años y seis meses, mientras que los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo. El primero de los empresarios, de hecho, falleció en prisión.
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