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Fiscalía pide que el presunto asesino y descuartizador de Romina comparezca a diario en los juzgados

El Ministerio Fiscal ha presentado un recurso para endurecer las medidas cautelares impuestas al marido de la joven paraguaya

GRAFCAN4369. ARRECIFE (LANZAROTE) (ESPAÑA), 13/01/2023.- El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D. (c), ha salido este viernes de la cárcel de Lanzarote al cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio (cuatro años) para indignación de la familia de la víctima, que teme que se fugue. EFE/ Adriel Perdomo / Adriel Perdomo (EFE)

GRAFCAN4369. ARRECIFE (LANZAROTE) (ESPAÑA), 13/01/2023.- El presunto asesino de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez, su marido Raúl D. (c), ha salido este viernes de la cárcel de Lanzarote al cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio (cuatro años) para indignación de la familia de la víctima, que teme que se fugue. EFE/ Adriel Perdomo

Arrecife

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de las Palmas ha presentado un recurso contra el auto de puesta en libertad del presunto asesino de Romina Celeste Núñez, su marido Raúl Díaz Cachón, que se produjo este viernes al cumplirse cuatro años de prisión preventiva, el máximo permitido por la Ley, sin que se haya logrado fijar la fecha para el juicio oral con jurado. Tras salir del Centro Penitenciario de Tahiche, Díaz abandonó la isla de Lanzarote a bordo de un avión que le trasladó hasta el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. En el auto que decretaba su puesta en libertad, dado a conocer el pasado jueves, se decretó la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país. El l acusado de matar, descuartizar y quemar en una barbacoa a la joven paraguaya, su mujer, entre la nochevieja de 2018 y el Año Nuevo de 2019, debe además comparecer todos los lunes en el juzgado más próximo al domicilio en el que resida.

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Según han informado a la SER fuentes del Ministerio Público, el recurso presentado solicita al juzgado que se modifique el "Apud acta", es decir que el presunto autor comparezca en el juzgado diariamente y no de forma semanal tal y como se fijó en el auto de medidas cautelares. Además, explica que el auto de puesta en libertad no explica en su fundamentación jurídica las razones por las cuales no se aceptó su petición de medidas cautelares más duras, realizada el 9 de enero, por lo que considera que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas, Jesús Javier Lomba, afirma que "de manera sucinta se alude exclusivamente a la razón del transcurso del tiempo y plazo máximo en prisión provisional, si bien, no realiza ningún pronunciamiento sobre las circunstancias que sobre las que la Fiscalía advierte que existe un riesgo alto de fuga, que, "objetivamente, resulta altamente probable", pues ya ha trasladado su domicilio a la Comunidad de Madrid y dispone de medios económicos.

Sobre el riesgo de fuga, Lomba señala que las vías de transporte ya no se limitan al barco o avión sino a todos los medios terrestres que facilitan la movilidad para abandonar el país, reforzado en la ausencia de controles fronterizos estrictos en el ámbito de la Unión Europea, no siendo necesaria la presentación de pasaporte para tal propósito. Argumenta también que indiciariamente el acusado y su entorno dispone de un poder económico considerable, que también facilitaría sustraerse de la Justicia, en virtud de las manifestaciones de su defensa para una posible conformidad y consignación de una cantidad económica importante a modo de indemnización y reparación del daño.

Ya son dos recursos e investigación

El recurso de Fiscalía se suma al que ya presentó la pasada semana la abogada de la acusación particular, Emilia Zaballos, en el que solicitaba un endurecimiento de las medidas cautelares impuestas al marido y presunto asesino de Romina Celeste Núñez, pues considera que existe un riesgo real de fuga.

Además de los recursos, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidión abrir una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones que, en su caso, se hayan podido registrar en la tramitación del procedimiento. Para ello, designó como instructor del expediente al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, quien se desplazará a Arrecife a fin de comprobar cuantos extremos sean necesarios.

 
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