Indignación tras el informe sobre la instrucción por la muerte y descuartizamiento de Romina en Lanzarote

La acusación particular del llamado como «Caso Romina», ejercida por la abogada de la familia la jovene paraguaya asesinada en 2019, Emilia Zaballos, ha anunciado la presentación varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado por el retraso a la hora de fijar fecha al juicio en el que debe comparecer como acusado el marido de Romina, Raúl Díaz, quien presuntamente la asesinó, descuartizó y quemó en una barbacoa para posteriormente arrojar sus restos al mar en el litoral de Lanzarote. Tras la puesta en libertad provisional de Raúl Díaz, al haberse cumplido el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anunció una investigación sobre las posibles «disfunciones» que se pudieran haber producido a lo largo de la instrucción y colocó al frente de la misma al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el juez Emilio Moya. Precisamente este pasado viernes se conocieron las conclusiones de esta investigación y se determinó que durante los cuatro años que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado paralizada”, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”. El instructor de las diligencias informativas incoadas de oficio por la Sala de Gobierno concluyó, tras dos jornadas examinando minuciosamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, que no existe “indicio alguno” de que ninguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”. Desde este órgano se apunta que, a la vista de contenido del informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, se constata que se trata “de un asunto muy complejo que se sigue por delito de homicidio sin que exista el cadáver”, lo que ha exigido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad. El órgano de gobierno de los jueces de Canarias expone que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”. La Sala de Gobierno anuncia que, “lamentando profundamente lo acontecido”, para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure “lo menos posible”, se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar que “se dote de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para que, en todos los documentos judiciales en los que proceda, conste y se destaque de manera visible la mención “causa con preso”, y ello a fin de que no exista duda acerca del carácter preferente en su tramitación. Se informa, por último, de que el encausado en este procedimiento, actualmente en libertad a la espera de juicio y sometido a medidas cautelares (se le ha retirado el pasaporte con imposibilidad de expedición de uno nuevo, tiene prohibido salir del país y debe presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado donde tiene establecida su residencia), está cumpliendo hasta el momento con todas las obligaciones que se le han impuesto. Tras conocer las conclusiones del informe, la abogada ha mostrado su total indignación y ha criticado la labor realizada por el juez Emilio Moya en este asunto y le acusado de una actitud corporativista «se tapan entre ellos» ha llegado a decir en declaraciones difundidas en video a los medios de comunicación. La abogada ha recordado el recorrido que ha realizado el procedimiento por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife desde 2019 y de cuyo funcionamiento se queja ante el CGPJ y como ejemplo de la «falta de diligencia y preferencia en la tramitación de la causa», explica lo sucedido, con una prueba meramente circunstancial «y casi, iríamos, irrelevante para el esclarecimiento de los hechos, pero que ha centrado la actividad del Juzgado durante meses, sin que se avanzara en la instrucción de la causa». Zaballos explica que se acuerda determinar si unas tijeras halladas y compradas por el investigado eran o no aptas para cortar carne humana y trocear el cadáver de Doña Romina Celeste. Así, el Juzgado en Providencia de 8 de enero de 2020 encarga informe pericial sobre esto, en fecha de 1 de abril de 2020 se oficia a la entidad bancaria para ver si se sacaron 100 euros de un cajero para comprar esas tijeras; en fecha de 25 de junio de 2020 se vuelve a acordar sobre pericial de las tijeras mediante Providencia; el 24 de julio de 2020 el perito designado acepta el cargo sobre la pericial de las tijeras; el 9 de octubre de 2020 el Juzgado envía al perito recordatorio que está pendiente de recibir el informe sobre las tijeras; nuevamente el 11 de noviembre de 2020 se vuelve a insistir por el Juzgado en la pericial sobre las tijeras; así hasta ya entrado el año 2021, en el que de nuevo, y «de forma surrealista», el 8 de abril de 2021 se insiste sobre la pericial de las tijeras por el Juzgado, gastando plazos y esfuerzos. La abogada califica de intolerable que el Juzgado haya entrado en el juego de la práctica de la prueba de las tijeras, que tenía como objeto el dilatar; también es intolerable que el Ministerio Fiscal, quien debe de velar por la legalidad en el procedimiento, haya consentido que más de un año se haya limitado, prácticamente, a la diligencia de las tijeras, cuyo fin era irrelevante, ya que la carne humana asada de Doña Romina Celeste podía haberse cortado con cualquier utensilio, y que lo que se encontró únicamente fue un trozo de pulmón, cuyo perfil genético coincidía con el de la víctima. Coincidiendo con las conclusiones del TSJC y la indignación de la acusación particular, ha comenzado a circular por redes sociales un video en el que ciudadanos de Paraguay realizan un llamamiento al gobierno de su país para que intervenga y presione, con el fin de que se agilice la fijación de una fecha para el juicio con jurado por el asesinato de la joven Romina Celeste Núñez.

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La abogada de la familia Emilia Zaballos anuncia quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado

Carlos García

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