El 'caso Grúas': un culebrón judicial interminable y estéril

Santa Cruz de Tenerife

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto por el que desestima los recursos presentados por el concejal de urbanismo en el ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez y el edil Rubens Ascanio contra la decisión tomada en 2021 por parte de la jueza que instruyó el denominado 'caso Grúas' y que mantenía investigados a el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), el exconcejal Antonio Pérez Godiño, y los ex técnicos municipales Rosario Hernández y Alejandro Cordero ya que el exalcalde, Fernando Clavijo ya había sido exonerado de toda responsabilidad penal por el Tribunal Supremo.

Recursos rechazados

A pesar del dictado del auto de sobreseimiento provisional en el caso de los técnicos y ediles, los denunciantes con Santiago Pérez a la cabeza decidieron recurrirlo argumentando basándose en dos aspectos: la falta tutela judicial efectiva y la reiteración de que existía indicios de prevaricación en la gestión del servicios de grúa municipales. La Sala considera, casi tres años después que no cabe recurso alguno asegurando que no se ha vulnerado ningún derecho por parte de los denunciantes y cita la sentencia del Supremo en donde se ratifica que no hubo prevaricación en la concesión de los servicios municipales de retirada de vehículos. De esta forma, el magistrado presidente de la Sala Segunda, José Félix Mota, considera que en 'caso Grúas' "no se aprecia en los comportamientos de los investigados inacción u omisión de entidad suficiente para ser calificada como prevaricadora, pues los investigados emitieron informes, propuestas y resoluciones en los expedientes administrativos relativos a la prórroga de la concesión en el marco de la medida cautelar de la intervención municipal del servicio de retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública acordada por la Junta de Gobierno local de 28 de enero de 2014 y vigente en junio, julio y agosto de 2014, por tanto, tuvieron intervención activa en la tramitación de los expedientes administrativos incoados en relación a la prestación del servicio público de retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública con motivo del desequilibrio económico financiero de la entidad concesionaria con la finalidad de adoptar medidas para asegurar la continuidad en la prestación de un servicio público"

Reacciones

Las reacciones tras conocer el auto no se han hecho esperar. En declaraciones a la SER, el senador nacionalista, Fernando Clavijo, afirmó que se trata de un "auto contundente sobre la ausencia incluso de indicios de delito que es lo que siempre se mantuvo que era una denuncia artificial y política que lo único que buscaba era el desprestigiar a los funcionarios de La Laguna, a los concejales y al alcalde y a mí. Ya han pasado más de siete años y por fin ha quedado aclarado pero queda el daño a familiar y profesional a muchas personas y sobre todo a los profesionales que nada tenían que ver con este tema de avatares políticos pues ha sido irreversible. Finalmente la justicia ha hecho justicia".

Por su parte, el ex alcalde lagunero, José Alberto Díaz, ha solicitado la dimisión de los denunciantes. "Lo que verifica es lo que venimos diciendo que Santiago Pérez y los demás denunciantes han hecho una causa política y espero que dimitan y sean coherentes y pidan perdón por el proceso que hemos sufrido una serie de personas, las familias y todo el entorno y la imagen del municipio de La Laguna", indicó.

Cabe recordar que este caso se inicia en 2014 por una denuncia de Unidas se puede y Por Tenerife Nueva Canarias con Santiago Pérez al frente, que fue sometido tras una larga instrucción a dos archivos por parte del Juzgado de La Laguna y que finalmente ha sido primero el Tribunal Supremo en el caso de Fernando Clavijo y la Audiencia Provincial la que ha dado carpetazo en tres ocasiones al caso que ha durado en total una década.