Un informe jurídico externo exonera al Consejo de Administración de los Casinos de responsabilidad penal en las 'bajas incentivadas'

Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Administración de los Casinos de Tenerife no incurrió en delito penal en las denominadas bajas incentivadas llevadas a cabo en las entidades mercantiles públicas denominadas Casino Playa de las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz de Tenerife. Es lo que se desprende de un informe jurídico externo encargado por el Cabildo de Tenerife en 2021, con Pedro Martín en la presidencia insular, para dirimir posibles responsabilidades en las referidas bajas incentivadas, y al que ha tenido acceso la SER. El documento establece que, a la luz de la documentación entregada, "no existe acuerdo alguno adoptado de ninguna de las tres sociedades que apruebe o autorice las bajas incentivadas de los años 2019 y 2020, no solo a lo largo de esos años sino tampoco en años anteriores", dicho de otra forma: el Consejo de Administración no confirió el poder expreso al gerente de los Casinos para establecer esas bajas incentivadas. De hecho, según en informe jurídico externo, "tampoco consta en la documentación que acredite que los respectivos Consejos de Administración de cada una de las sociedades, ninguno de sus miembros autorizaran "tan inusual manera de proceder en el ámbito de las sociedades mercantiles públicas".

Despidos

Otro de los aspectos destacables en el informe jurídico externo es que las denominadas bajas incentivadas-tal y como eran denominadas por los responsables de las entidades de los Casinos, "puede ser calificadas como despidos disciplinarios falsos, utilizando a lo largo de los años para ello cartas de despido tipo argumentando la disminución continuada del rendimiento de los trabajadores. Además, el informe establece que las indemnizaciones que se pactan están en la mayor parte de los casos por debajo del despido objetivo.

Informe en Fiscalía

Precisamente, este documento es el que el actual grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife ha remitido a Fiscalía por su hubiera indicios de delito. Por su parte, el presidente insular, Pedro Martín, ha recordado que en las últimas auditorias realizadas en los ejercicios correspondientes en 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención detectó diversas irregularidades en los entes dependientes, que afectaban a la contratación de personal, contratos con terceros y a la gestión económica y financiera por lo que para contrarrestar esta situación, desde la Corporación insular se ha promovido la elaboración de un procedimiento interno específicos para garantizar que en los diferentes entes públicos se cumple con las normas básicas como son la Ley de Contratos Públicos, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones.