Una jueza aplaza las medidas cautelares por presunto abuso a una menor hasta escuchar a las partes y estudiar el expediente
La magistrada es sustituta en el Juzgado Número 2 de Puerto del Rosario. La Fiscalía y acusación piden medidas urgentes
La jueza ha decidido aplazar la decisión hasta tener el tiempo suficiente para estudiar el expediente / Getty Images
Santa Cruz de Tenerife
La jueza que instruye el caso de la menor de dos años quien presuntamente fue objeto de abusos por parte de su padre, ha decidido no pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la abogada de la acusación que representa a la madre de la niña y a la Fiscalía. Este caso, desvelado por La SER en Canarias, dio un vuelco después de que las diligencias se archivara por el juzgado de Fuerteventura a pesar de que existían informes forenses y psicológicos contundentes que apuntaban a lo contrario. Precisamente, fuentes cercanas al caso han señalado que la jueza ha decidido aplazar la decisión hasta escuchar a las partes, ambos progenitores ya han declarado y apuntado que, debido a que sustituye a la magistrada titular, necesita tiempo para conocer el expediente.
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Este extremo ha indignado a la abogada de la acusación, Sara Rodríguez Riley, quien ha preferido no realizar declaraciones hasta que haya alguna resolución judicial. Esta indignación viene motivada por la necesidad de tomar una decisión urgente debido a que, según apuntan los informes aportados, la menor correría peligro. Además, las medidas cautelares han sido solicitadas de forma urgente por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas consistente en la suspensión del régimen de visitas al padre de la menor.
Tras el archivo de la causa, se reabre el caso
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó en octubre pasado, un auto ordenando que se revise el archivo de las diligencias establecido por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario, la capital de la isla de Fuerteventura. En la resolución judicial, al que ha tenido acceso la SER, se indica que en la resolución recurrida "no se expresan, en absoluto, las razones por las que se deniega la práctica de la diligencias" y, concretamente, informes médicos en los que se describía un eritema vaginal y una lesión en el glúteo mientras que en otro informe, realizado por un perito de Barcelona se recomienda a las autoridades competentes que "se inicien las investigaciones que consideren oportunas ya que existe la posibilidad de que la integridad física y psicológica de la menor esté en riesgo".
Cabe recordar que, en este caso, la jueza de primera instancia decidió archivar las diligencias argumentando que "no existen indicios nuevos que revelen una responsabilidad criminal contra el investigado". A pesar de que no se tomó declaración de la niña, la jueza dictaminó la toma de muestras mediante hisopos que fueron enviados a Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, no revelaron la existencia de ADN masculino. Al respecto, el auto de la Audiencia es demoledor ordenando que se abran diligencias de investigación se acepten la valoración de los informes médicos y psicológicos forenses y que se tome declaración a la madre de la menor.
Así las cosas, la Sala del Alto Tribunal considera que, en el caso de los informes, "se deben practicar nuevas diligencias de cara a comprobar la realidad del abuso o descartarlo de forma definitiva, o al menos suficientemente contundente". Del mismo modo, la Audiencia indica que debe investigarse el caso más a fondo ya que "en el momento inicial de la causa no se puede descartar la existencia de indicios racionales de criminalidad".
