"El Gobierno canario no aplica correctamente la ley, por eso se la tumban los tribunales": el monumento a Franco, en pie
El alcalde de la capital tinerfeña afirma cumplir correctamente con la Ley de Memoria Democrática
Helena Sampedro
Santa Cruz de Tenerife
El monumento al dictador Francisco Franco continúa en pie en la capital tinerfeña. Y todo, tras los numerosos intentos del Gobierno de Canarias y las denuncias de las familias de los represaliados, que consideran que no hay ningún motivo para que ese monumento persista en una capital de provincia en el año 2023. Las últimas quejas procedían del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, que en el debate de la Estrategia de Memoria Histórica, su portavoz Francisco Déniz, instó al alcalde de la capital tinerfeña a que retirara ya el conjunto escultórico de Juan de Ávalos.
Según el TSJC, el monumento a Franco podría tener interés cultural o artístico
La Consejería de Cultura ya había advertido a José Manuel Bermúdez de que era necesario que cumpliera la Ley. Hablan de 'prevaricación' y de que no se cumple una normativa... por contra, el dirigente municipal considera que la Ley 20/2022 tiene ciertos detalles que el Gobierno de Canarias no ha tenido en cuenta a la hora de criticar la no-retirada. Y que se debe cumplir 'con rigor', dice Bermúdez en los micrófonos de Radio Club Tenerife.
'El Gobierno de Canarias debe cumplir bien la ley. Si se la tumban los tribunales, es porque algo no se está haciendo correctamente'. Se refiere a la acción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ya declaró en enero la protección cautelar del monumento. Todo a raíz de un recurso de la Asociación de Investigación del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel contra la negativa del Cabildo insular a iniciar un expediente de declaración del monumento como Bien de Interés Cultural. La resolución del TSJC precisa que sí podría haber un interés artístico. Y determina que la Ley de Memoria Democrática pone freno 'a los excesos cometidos, por ejemplo, con la destrucción de ciertos bienes de interés cultural o artístico'. Al contemplar este aspecto la normativa, se protegió cautelarmente. Además, incide en que "ha estado en su ubicación medio siglo, más del doble en época constitucional que dictatorial, y la protección solicitada durante el tiempo que dure este proceso judicial no puede producir quebranto alguno a los intereses generales o solo subjetivamente a terceros".
Bermúdez insiste en que no se han cumplido todos los parámetros que recoge la ley para retirar el monumento a Franco
Bermúdez añade que, para poder establecer la retirada lícita del monumento homenaje al dictador, se deben cumplir todos los parámetros. Aprobarse la Estrategia de Memoria Histórica, que todavía se encuentra en proceso parlamentario, además del catálogo de los 79 vestigios franquistas que permanecen en la capital tinerfeña. Una lista que, si bien sí está admitida, ha sido recurrida por el propio ayuntamiento chicharrero. Consideran desde el consistorio que autorizar un catálogo que solo se circunscriba a Santa Cruz sin haberse establecido el de Canarias no permite que se entre a actuar sobre el mismo, ya que la ley lo que habla es de un 'catálogo regional'.
El procedimiento para eliminar este monumento que permanece en la Avenida Marítima desde 1966 se complica con esta situación. Aun así, el Gobierno regional insiste. Desde el año 2007, mucho antes de la ley canaria, ya tenían que haberse retirado los vestigios del régimen. Consideran igualmente que la decisión del gobierno de Bermúdez no tendrá recorrido judicial.