La jueza toma declaración a la expareja del general Espinosa y al empresario Luís Monzón por el 'Caso Mediador'

Santa Cruz de Tenerife

La jueza que instruye el caso Mediador ha tomado declaración a seis personas vinculadas con la causa. El primero de ellos han sido el empresario Luis Monzón para declarar en calidad de testigo en relación a sus contactos con el ex general Francisco Espinosa actualmente en prisión cautelar y a quien pidió que le facilitara contactos empresariales para otros empresarios imputados en la causa. Precisamente uno de esos empresarios, también ha declarado este jueves en calidad de investigado. Se trata de Antonio Bautista quien figura en la trama como elemento de contacto para influir en otros empresarios para la instalación de placas solares.

Por otra parte, también ha comparecido ante la jueza la mujer que tuvo una relación con el ex general para quien, según se indica en el sumario, Espinosa llegò a pedir al 'mediador' de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y a otro empresario investigado que contrataran a su expareja por 3.000 euros al mes para que desempeñara labores administrativas en una empresa Del mismo modo, también han declarado Jerónimo Blanco como testigo y Julián Santa Bárbara como investigado, los dos del sector queserias en Fuerteventura y Raul de San Pablo Martinez a quien prsuntamente intentaron estafa y extorsionar.

La red Mediador

En este caso se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general; el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'; el sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes Gutiérrez, y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte. Se habrían dedicado a cobrar dinero -aunque también viajes y fiestas-a cambio de favores políticos. De acuerdo con los investigadores, la trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias". Las pesquisas señalan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".