La Fiscalía pide un total de 181 años de prisión para 25 acusados por tráfico de drogas en Gran Canaria

Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Las Palmas acoge la próxima semana el juicio contra 25 personas pertenecientes a una organización criminal radicada en Gran Canaria y dedicada al tráfico de drogas. Se trata del mayor macro juicio por estupefacientes que se celebra en los juzgados del Archipiélago hasta la fecha y en el que está involucrado un policía nacional.

Son 25 personas las que se sentarán en el banquillo durante las cuatro semanas que durará el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El principal de los investigados es un miembro de la Policía Nacional destinado a la Unidad de Prevención y reacción de la Comisaría de Maspalomas. Según la calificación del Ministerio Fiscal, el acusado colaboró con diferentes grupos criminales para la introducción y distribución en la Isla de Gran Canaria de diferentes drogas, sustancias estupefacientes y anabolizantes , dando cobertura, seguridad y facilitando información a los delincuentes sobre si les tenían intervenidos los teléfonos móviles o si se habían establecido algún operativo de vigilancia. Por estas funciones, el policía cobraba 800 euros al mes.

Desembarcos de hachís, cocaína y anabolizantes

En particular, lo relaciona con tres desembarcos de grandes partidas de hachís en Gran Canaria: uno en Castillo del Romeral el 11 de julio de 2018, otro el 25 de julio de 2018 en la playa de Veneguera y el tercero el 2 de enero de 2020 en Castillo del Romeral. Los dos últimos fueron interceptados en tierra por las fuerzas de seguridad; en total, se aprehendieron casi 2,7 toneladas de hachís. A este policía también se le acusa de colaborar con otro grupo de traficantes que introducía cocaína en España mediante correos humanos en vuelos comerciales. Su papel, supuestamente, consistía en informar de cómo burlar los controles en los aeropuertos elegidos. Finalmente, se le atribuye haber ayudado a dar salida a la península a partidas de anfetaminas, esteroides y anabolizantes que fabricaban otro dos individuos en dos laboratorios clandestinos situados en los municipios de San Bartolomé y Santa Luía de Tirajana y que luego se vendían en gimnasios. Contra este agente presuntamente corrupto, la Fiscalía formula dos cargos de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Por todo ello, la Fiscalía solicita la pena de 15 años de prisión y multas que suman casi 19,8 millones de euros. En total, el resto de los acusados se enfrentan a un total de 181 años de cárcel.