La Fiscalía investiga la adjudicación de 35 obras públicas por la ex alcaldesa de Güímar,Carmen Luisa Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha remitido a la Fiscalía el procediendo seguido contra el Ayuntamiento de Güímar tras aprecia indicios de delito en la adjudicación de un total de 35 contratos de obras públicas en la que está involucrada la exalcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP). Concretamente se trata de contratos para obras de asfaltado de varios caminos por importes que asciende a más de medio millón de euros que no fueron adjudicados sin el preceptivo procedimiento administrativo. Las diligencias se iniciaron después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento que se negó a abonar las facturas lo que determinó que la empresa adjudicataria recurriera a los tribunales. En total se trataría de actuaciones encargadas por la Corporación local a esta adjudicataria a la que los tribunales le dio la razón hace algunos meses de forma parcial y obligó a su pago. A partir de aquí el juzgado a finales del año pasado remitió el sumario a la Fiscalía para determinar si podría existir algún indicio de posible delito en el procedimiento llevado a cabo. En concreto, la sociedad recurrió la negativa de la Junta de Gobierno a abonar diversas facturas, en este caso, una de casi 26.000 euros a lo que se le deben añadir los intereses.

La empresa que ha presentado esta demanda que ganó en el juzgado y desde donde se planteó remitir el asunto a Fiscalía, resultó adjudicataria de 35 obras por más de medio millón de euros. El Ministerio Público deberá determinar si existe algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios o algún otro miembro del anterior grupo de gobierno. En la sentencia de final de año se apunta que los contratos verbales, como el que dio lugar a este fallo, son del todo irregulares. Los nuevos dirigentes del Ayuntamiento decidieron no pagar las facturas al considerarlas nulas por no seguir el correspondiente procedimiento administrativo, sin supervisión de los técnicos y cualquier otro tipo de control.

Falta de personal

Por su parte, la exalcaldesa asegura que no ha recibido ningún tipo de notificación y alega que en su momento se tuvieron que adjudicar las actuaciones de esta manera ante la necesidad de ejecutar los trabajos y la falta de personal en el Ayuntamiento. Admite que llevó a cabo los encargos pese a los reparos impuestos pero recuerda que su abono fue aprobado en pleno con los votos a favor de los concejales del Partido Popular (PP) y la abstención de los restantes miembros de la Corporación. Por ello, culpa del impago al nuevo grupo de gobierno, motivo por el que la empresa tuvo que acudir a los tribunales donde se estimó su petición. "No nos quedó más remedio que actuar como lo hicimos porque de lo contrario habría sido imposible ejecutar los trabajos. Las obras están hechas en lo público. No tengo constancia de que se haya abierto un nuevo procedimiento judicial contra mí. Era materialmente imposible llevar a cabo adjudicaciones por medio de concursos", dice Castro Dorta.