El TSJC suspende la reforma prevista del hotel Oliva Beach situado en las dunas de Corralejo

Las Palmas de Gran Canaria

La reforma autorizada del polémico complejo hotelero en medio de las dunas de Corralejo (Fuerteventura), quedarán en suspenso hasta resolver el conflicto entre administraciones planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aceptado la demanda del Gobierno de España para paralizar, cautelarmente, el proyecto autorizado para la reforma de una parte del complejo que gestiona RIU que desde el Ministerio han advertido que debe aplicarse la caducidad de la concesión.

Según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto tribunal canario considera que debe resolverse a favor de la aplicación de una medida cautelar planteada por el Abogado del Estado que representa a la Administración General como consecuencia de "la nulidad de pleno derecho por tramitarse la autorización por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y el territorio". El documento, firmado este martes por los magistrados, sostiene que "al momento de efectuarse la solicitud, la Comunidad Autónoma no había asumido las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral".

José Antonio Valbuena, como consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, autorizó a la empresa Geafond Número Uno Lanzarote S.A. "la realización de obras en el Hotel y Apartamentos Oliva Beach", un complejo incluido en el dominio público marítimo - terrestre por el deslinde aprobado por una Orden Ministerial de mayo de 2022.

La reforma prevista incluía la demolición de varios de los apartamentos construidos y considera la justicia que "supondría una modificación sustancial de la construcción actualmente existente que haría prácticamente irreversibles las obras". En concreto, el proyecto tenía previsto la demolición de catorce apartamentos en la primera planta, cuatro en la segunda planta y otros "seis plantas primeras de apartamentos dúplex de la planta inferior".

Según la exposición jurídica del auto, se reconoce que existe "una lesión a los intereses" del hotel, aunque entiende que "no pueden considerarse ni graves ni irreversibles". Además, entiende que "se trata de unas obras que aún no han sido iniciadas y tampoco consta que haya sido otorgada la licencia municipal" para la ejecución de las obras.

La comunidad autónoma ha expuesto durante sus razonamientos presentados en forma de alegaciones que la autorización final debe ser concedida por el ayuntamiento, las obras autorizadas "no suponen un aumento de volumen, superficie, altura de las edificaciones y, por lo tanto, se ajusta a la orden ministerial" y cree la Administración autonómica que "la medida sí que afectaría al interés general que representa la Administración en Canarias sobre materia de ordenación del litoral, así como la de la Administración Local en materia de ordenación urbanística".

Con toda la exposición, la justicia entiende que los planteamientos de la Abogacía del Estado que representa al Ministerio de Transición Ecológica deben ser aceptados para "suspender la orden recurrida". Contra esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cabe un recursos que debe ser presentado antes del viernes transcurrido un plazo de cinco días.