La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias censó hace ya algún tiempo hasta 44 centros educativos en los que se debía retirar el amianto, 14 de ellos en la provincia de Las Palmas y 30 en la de Santa Cruz de Tenerife (21 en la isla capitalina). El amianto es un material tóxico de construcción habitual en antiguas infraestructuras. Este está compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en el aire el tiempo suficiente como para suponer un riesgo para la salud. Tras localizar estas infraestructuras, el ejecutivo autonómico anunció en 2021 que tenía un plan. Dos años después y según ha podido saber la SER, este tóxico solo ha sido retirado completamente en cuatro centros, mientras que las labores continúan en otros cuatro. Por tanto, hay 36 instalaciones en las que todavía no ha comenzado el proceso de eliminación. Según han informado fuentes de Educación a este medio, de las infraestructuras en las que se está trabajando o se ha trabajado ya, siete se encuentran en Santa Cruz de Tenerife (cuatro en Tenerife y tres en La Palma) y una en Gran Canaria. Salvo que se rompa o deteriore, la existencia de amianto en infraestructuras no tiene por qué suponer un peligro para la salud. En los centros escolares de Canarias, de hecho, este material se encuentra encapsulado. Preguntado por esta cuestión, José María Hernández, neumólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, explica que «el riesgo existe para cualquier persona que esté en contacto y que pueda inhalar fibras de amianto, si es una inhalación mantenida en el tiempo». Además, señala que «es más peligroso» cuando el material se erosiona, se rompe o se empiezan a esparcir sus fibras y apunta una clave, y es que «no sabemos el estado de conservación de esas estructuras que fueron hechas hace mucho tiempo, porque hay muchos colegios en Canarias que fueron construidos hace mucho tiempo». El Estado español reconoce el fallecimiento de 3.943 personas por su exposición al amianto entre 1994 y 2008, principalmente trabajadores del sector de la construcción o la fundición. El neumólogo detalla cuatro patologías principales que pueden derivarse del contacto permanente con el amianto: placas pleurales, fibrosis pulmonar y dos tipos de cáncer malignos, el de pulmón y el mesotelioma. Este segundo tiene «una mortalidad altísima, por no decir prácticamente del 100%». Sobre estas enfermedades que pueden aparecer por la inhalación mantenida en el tiempo de amianto, aclara que no se observan sobre la marcha, en uno o dos años, sino que «pueden verse pasados 10 o 15 años». La utilización, producción y comercialización de las fibras de amianto está prohibida en España desde el año 2002, cuando entró en vigor la orden ministerial del 7 de diciembre de 2001. Sin embargo, tal y como recuerda José María Hernández, ya en 1978 «por una resolución de la Comunidad Económica Europea, se dice que el amianto es cancerígeno». El neumólogo incide sobre las construcciones con amianto que están todavía en pie que «desgraciadamente están ahí y es un problema que tenemos que solucionar, obviamente más a corto que a largo plazo». En 2013, el Parlamento Europeo estableció en una resolución la necesidad de «supervisar la presencia de amianto en edificios públicos y privados» y a crear «planes de acción para su eliminación segura» antes del año 2028. Esta es también la fecha límite que da a los ayuntamientos la reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados de España para gestionar la eliminación del amianto de las instalaciones públicas. Para este año el presupuesto fijado para la eliminación del amianto en centros educativos ascendió a 1.135.604 euros. Estos se han destinado a ocho instalaciones, cuatro en las que ya se ha retirado del todo y otras cuatro en las que continúan los trabajos. Según indican fuentes de la Consejería de Educación, para 2024 este presupuesto se duplica y alcanzará los 2.324.349 euros, «teniendo en cuenta que no todas las actuaciones tienen la misma envergadura y que aún hay que cuantificar las próximas».