Avanza el caso de las oposiciones en Canarias: "El amaño va más allá del último proceso selectivo"
Víctor Cabeza, director de la Academia Las Cortes, ha presentado ante la Fiscalía pruebas que evidencian el amaño de determinados procesos selectivos que se han producido en los últimos tiempos, según se detalla en la denuncia.
Chris Ryan
Santa Cruz de Tenerife
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Víctor Cabeza, director de la Academia Las Cortes, ha compartido que, en compañía del abogado de la academia, ha "presentado por comparecencia ante la Fiscal de guardia la denuncia respecto a los gravísimos hechos que presuntamente se han podido producir en al menos 5 procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias."
Según un resumen del escrito presentado a la Fiscalía, se detalla que se adjunta "documentación que evidencia, en algunos casos, y proporciona indicios, en otros, del amaño de determinados procesos selectivos, situación que se ha ido produciendo con cierta normalidad en los últimos tiempos y que va más lejos del último proceso selectivo donde, de los pocos aprobados, dos tenían relación directa con la Exdirectora General de Función Pública.
Hace unas semanas, a la primera fase de la prueba de administrativo donde se presentaron más de 4.000 personas, solo aprobaron nueve. Son datos públicos que aparecen en la resolución del propio tribunal. Lo más llamativo del caso es que las personas que tuvieron mayor calificación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública, Águeda Márquez. A la salida del examen, los opositores mostraron su desacuerdo con las preguntas, ya que aseguran que fueron de extrema dificultad. Fue tal el revuelo mostrado, también se recogió en redes sociales, que 72 horas después de que se llevara a cabo esa primera prueba de acceso a una plaza fija, el tribunal que se encargó de elaborar los exámenes y corregirlos, solicitó la renuncia y fue aceptada por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.
"Tratos de favor"
En el documento también se desarrolla una teoría (basada en resultados de pruebas selectivas, no abstención de miembros de tribunal con vinculación familiar directa, notas inusualmente elevadas que siempre benefician a los mismos) donde existe un pago de favores mutuo entre distintos funcionarios y altos cargos. Por otra parte, se solicita a la fiscalía investigue la cadena de custodia de los exámenes ante indicios de filtración de los mismos en las pruebas selectivas.
Se solicita de la fiscalía que recupere pruebas escritas y videos de pruebas orales de aquellos aspirantes que han venido disfrutando de las mejores notas con el objetivo se pueda realizar una comparativa y también la suspensión temporal de funciones, así como la apertura de expedientes a aquellos de los que se pueda demostrar que han sido beneficiados por tratos de favor (información privilegiada sobre preguntas o copias de los exámenes antes de las pruebas).
En la denuncia, se exige que "como consecuencia de lo anterior se remueva de sus puestos a aquellos que lo haya obtenido en fraude o situación de privilegio". Además que también se van a repetir muchos de los exámenes ya celebrados. Finalmente, se solicita la "suspensión temporal de los procesos donde participen miembros de tribunal sospechosos de realizar estos tratos de favor. En resumen, se solicita a la fiscalía que se investigue la posible comisión de tráfico de influencias, abuso de autoridad, prevaricación, corrupción y falsedad documental.
