El REF contribuye a disminuir las condiciones de doble insularidad en los servicios públicos esenciales

Santa Cruz de Tenerife

Hoy volvemos a dedicar unas palabras a conocer y valorar nuestro Régimen Económico y Fiscal, el REF. Unas siglas que contienen un conjunto de medidas para superar, aunque solo en parte, las dificultades añadidas que supone vivir en un archipiélago lejos del continente.

Hoy vamos a dedicar este espacio a un aspecto que nos afecta a todos y que, en mayor o menor medida utilizamos todos. Son los servicios públicos esenciales. La sanidad, la educación y las prestaciones sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar, existen porque se financian con nuestros impuestos.

Unos impuestos que en Canarias tienen sus particularidades. Además de un diferencial fiscal menor al resto del país, como el caso del IGIC con respecto al IVA, la comunidad autónoma dispone de un amplio margen de gestión en sus tributos.

Canarias tiene capacidad normativa para aplicar determinados impuestos de forma autónoma. Gracias al REF, las islas disponen de impuestos propios sobre los que puede decidir. Por una parte, están los que integran el llamado bloque de financiación canario y son el IGIC, el de mayor potencial recaudatorio; el AIEM, un arbitrio a la importación de mercancías que grava a las que compiten con nuestras producciones; y el impuesto de matriculación de vehículos.

En 2022, la recaudación de estos tres impuestos rozó la cifra de los 2.200 millones de euros, de los que el 58% se destina a los cabildos y ayuntamientos, lo que supone una importante fuente de financiación para nuestras corporaciones locales.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Además, la comunidad autónoma tiene otros impuestos propios como el del combustible y el del tabaco, con menores tipos que en el resto de España. Y a estos se une los tributos cedidos por el Estado. Es el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que el Gobierno de Canarias ha ampliado su bonificación; el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y los del juego. En total, el Gobierno de Canarias recaudó el pasado año por todo su abanico fiscal más de 3.100 millones de euros.

La autonomía que tiene Canarias para decidir sobre sus impuestos cobró especial relevancia durante la pandemia, la erupción del volcán en La Palma o ante la subida de precios tras la invasión de Ucrania. Ante estos sucesos, el Gobierno de Canarias tomó varias medidas para aliviar la situación. Entre ellas destaca la rebaja fiscal en el tramo autonómico del IRPF, la eliminación del IGIC de las mascarillas o la devolución a los transportistas de la totalidad del impuesto al combustible. Para hablar de este asunto tenemos a José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de empresarios del transporte en Canarias, que explica que el sector del transporte es un sector convulso y en constante movimiento. Ahora mismo tienen varias actividades como el cierre de las partidas de los presupuestos tanto de la CCAA como de los diversos cabildos que conciernen al transporte, el transporte escolar para 2024. En materia de REF, el sector transporte recibe ayudas por parte de esta organización. Además, Las medidas de apoyo por parte del Gobierno de Canarias al combustible llega al 39%.

Además de la autonomía para modular los impuestos, la comunidad autónoma recibe un volumen importante de recursos por la recaudación de sus tributos propios o los cedidos por el Estado. Suponen el 18% del presupuesto canario que se completa con las transferencias del gobierno central, que representan el 70%, y con los fondos que llegan desde la Unión Europea.

La desventaja de vivir en un territorio fragmentado se agudiza en las islas no capitalinas donde no se prestan todos los servicios públicos necesarios. Ocurre con la sanidad. Nuestra compañera, Lucía Mora ha tenido que desplazarse desde La Gomera a Tenerife para someterse a un tratamiento médico o recibir determinados tratamientos. Nos explica que no es solo el tiempo del trayecto, sino también el tiempo que se pierde en espera y pérdida de horas de clase o trabajo. A la larga es una realidad que supone una sensación de inferioridad por vivir en islas con doble insularidad.