¿Por qué no se coordinan las instituciones en dependencia?

Hace poco más de tres lustros, España puso en marcha la que debía ser una red pública para atender a las personas dependientes, aquellas que no pueden valerse por sí mismas por alguna enfermedad o por su edad. Corría el año 2006 y las expectativas eran altas, pero la gran crisis lastró su implementación apenas unos años después. Fue un mal principio, que costó superar cuando se suprimió la regla de austeridad.

Hay, en nuestro país, dependientes de primera, y de segunda o tercera. Las razones de esa desigualdad territorial son varias, entre ellas los recursos con que se presta, la mayor o menos eficiencia con que se gestionan o su nivel de burocratización. La madeja administrativa es en Canarias uno de los mayores lastres, que le ha impedido contar con un modelo de dependencia eficiente. Aún así, 40.000 personas mayores o incapacitados físicos o mentales canarios reciben algún tipo de prestación, aunque más de 22.000 siguen esperando por la administración.

No parece lógico que el Gobierno autonómico vaya por un lado, y los cabildos y ayuntamientos por otro, prestando ayudas a domicilio al margen de esta red. Coordinar a los tres niveles institucionales para que optimizar el personal y el dinero que existe es la gran asignatura pendiente. Si este es el diagnóstico de quienes entienden del asunto, la pregunta es ¿qué está haciendo el Ejecutivo corregir para está deficiencia que, probablemente, contribuiría a reducir las listas más que incorporar nuevas valoradoras?