La Justicia suspende, después de dos años, las visitas a un padre acusado de abusar de su hija en Canarias

Santa Cruz de Tenerife

El inicio del caso se remonta al año 2022. Un caso que les adelantaba la SER de presuntos abusos sexuales de un padre a su hija de 2 años que la jueza archivó "por falta de indicios". El primero de los informes médicos describía un eritema vaginal y una lesión en el glúteo de la menor, mientras que en el segundo informe realizado por un perito de Barcelona se recomienda "a las autoridades competentes que se inicien las investigaciones que consideren oportunas ya que existe la posibilidad de que la integridad física y psicológica de la menor esté en riesgo". Este segundo informe fue solicitado por la abogada de la defensa, Sara Rodríguez Riley, después del archivo inicial de la causa.

La jueza decidió archivar en ese momento las diligencias argumentando que "no existen indicios nuevos que revelen una responsabilidad criminal contra el investigado". A pesar de que no se tomó declaración de la niña, la jueza dictaminó la toma de muestras mediante hisopos que fueron enviados a Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, no revelaron la existencia de ADN masculino.

En el auto de la Audiencia, la jueza no entendía que la abogada, Sara Rodríguez Riley, hubiese pedido medidas cautelares una vez tras la reapertura del caso, pero lo cierto es que la abogada lo había pedido antes en dos ocasiones más, algo que se omitió desde el juzgado. En este punto de la investigación, la magistrada le planteó a la madre dos opciones: o la niña se va con el padre o está tutelada bajo una tercera persona. La madre en esa situación no podía permitir que estuviera con el padre y, "movida por el miedo", asegura Rodríguez Riley, la dejó tutelada bajo su primo o hermana en espacios abiertos.

Este último auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, de forma literal dice que "el elemento esencial que debe regir para tomar esta decisión sobre la cuestión, ha de ser salvaguardar el superior interés de la menor y la protección de sus bienes jurídicos." Entonces creo que vamos por un proceso bastante favorable. Ahora vamos a ver cómo continuamos pero obviamente sin dejar de de luchar como hemos hecho hasta ahora, concluye la letrada.

Después de un año donde la abogada de la madre de la menor no ha parado de solicitar pruebas, "por fin se ha conseguido que se transforme en un sumario, a la espera de las calificaciones, las acusaciones y defensas, y más tarde el juicio". Ahora, al ser un sumario ordinario, el caso, por el tipo delictivo del que se trata, no se juzga por el juzgado de lo penal de Fuerteventura sino por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se ha conseguido paralizar el régimen de visitas con el padre: "para la madre, esto supone una gran tranquilidad. El padre ni la llama, ni se preocupa por cuando le tocan las visitas", asegura la abogada.

Falta mucho camino

Aunque se ha conseguido dar un gran paso, en estos momentos hay un trámite procesal, debido a que, como se manda a la Audiencia Provincial, se manda toda la documentación para hacer el escrito de acusación, en el que la abogada y la fiscal piden una pena determinada en base a los hechos, y se pide la tramitación para juicio: "Puede pasar hasta más de un año", concluye Rodríguez Riley.

Todo lo que se ha trabajado a día de hoy ya se encuentra el procedimiento en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, una sección, apunta Riley, "que tenemos que recalcar que nos ha dado la razón en dos ocasiones: primero reabriendo el procedimiento porque existían indicios suficientes de entender que debería de continuar esta investigación, y después suspendiéndose el régimen de visitas del padre".

Existe otro trámite necesario: la declaración indagatoria del acusado. Es decir, "avisar al acusado de que la investigación continúa y se deriva a la Audiencia Provincial, ya que, sin ese trámite, se podría echar para atrás el procedimiento, incluso se podría pedir la anulidad", explica la letrada. Los delitos por los que se le investiga al acusado son abuso/agresión sexual y maltrato en el ámbito familiar.

¿Prioridad?

La abogada se muestra incrédula ante las acciones tomadas por la jueza: "Ni si quiera cumplió con los plazos. Cuando se presentan unas medidas cautelares del 158, algo que se presentó otra vez en enero de 2023, la ley exige un periodo de tiempo muy límite, en torno a una semana para dar un resolución, para saber si se continúan con esas medidas o no." Añade Sara Rodríguez Riley que la jueza estuvo "hasta 2 meses y medio para poder resolver esas medidas cautelares."

Además, algo que tampoco entiende la defensora, es cómo, con tantas pruebas e informes sobre la mesa, no se interrumpieron las visitas de la menor con el padre mucho antes para salvaguardar los derechos y la integridad de la niña que ahora ya tiene cinco años.

"Gracias a la SER, muchos más casos han visto una luz al final del túnel"

Son muchas las madres que, después de que Radio club Tenerife contara este caso, se han puesto en contacto con la abogada para denunciar sus propios casos: "Me da pena que haya que llegar a este extremo para ellas poder decir 'oye, pues a lo mejor sí puedo tener esa posibilidad de ayudar a mi hija'". "Gracias a ustedes por habernos permitido dar voz a este procedimiento en concreto, ellas -las demás madres- han podido contactar con nosotros y y seguir luchando para poder ver una pequeña luz al final del túnel. Trabajando, luchando y insistiendo muchísimo como hemos hecho desde el minuto uno con este en concreto", reconoce la abogada.