Canarias rechaza parar la estabilización a la espera del Estado y 5.000 docentes en abuso de temporalidad quedan en el aire

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias descarta, de momento, paralizar el procedimiento de estabilización por méritos del profesorado. Es la respuesta de la Consejería de Educación a la petición del sindicato docente STEC tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los empleados públicos que encadenan tres años de contratos temporales y que deberían convertirse en fijos.

El sindicato entiende que el fallo, referido al personal laboral indefinido no fijo, puede extrapolarse a todos los profesores en abuso de temporalidad y pide, en consecuencia, actuar de forma cautelar. Su portavoz, Gerardo Rodríguez, alerta de posibles denuncias y apunta que de no haber plazas para acatar el fallo por seguir con el procedimiento de estabilización por méritos, desde la Consejería de Educación "no solo están actuando de mala fe y en contra de los docentes canarios".

Añade que "posiblemente puedan estar cometiendo un delito de prevaricación y tendrán que responder por ello al ser la sentencia vinculante y obligatoria e indicar que debe modificarse la jurisprudencia consolidada".

Más de 5.000 docentes afectados

Al respecto, la directora general de Personal y Formación del Profesorado admite "preocupación" por la situación de los docentes interinos y asegura que no "tomamos una actitud pasiva" sino que de forma preventiva han decidido seguir adelante con el proceso de estabilización. "Estamos estudiando, analizando y esperando una respuesta de quien tiene que dar la respuesta, que no es la Comunidad Autónoma de Canarias, sino el Gobierno de España", ha señalado Mónica Ramírez en Radio Club Tenerife.

Insiste en que "no nos planteamos esa suspensión" y en que "no es una solicitud que sea mayoritaria por parte de todos los representantes de los trabajadores". Preguntada por el número de profesionales de la educación pública que se encuentran en abuso de temporalidad, la directora ha cifrado en 5.112 a los docentes que "han estado prestando servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 2021 (de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) y que podrían estar en esta situación que la sentencia (del TJUE) parece que quiere amparar, regular y demás. Con más de cinco años de antigüedad".

Canarias pide convocar la Comisión de Empleo Público

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha solicitado recientemente al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que convoque la Comisión de Coordinación del Empleo Público para conocer la interpretación y el posicionamiento del Gobierno de España sobre la sentencia del TJUE. Nieves Lady Barreto reclama un pronunciamiento expreso de la Administración General del Estado (AGE) para que las comunidades autónomas puedan continuar con su labor con seguridad jurídica y ofrecer confianza de la ciudadanía.

En una carta dirigida al ministro Escrivá, la consejera ha trasladado la necesidad de ofrecer una respuesta a los colectivos afectados por los procesos de estabilización y a las organizaciones sindicales, y pide se concrete por parte del Ministerio, ya que la sentencia incide directamente en la legislación básica del Estado relativa a la protección del empleo público temporal.