Casa gratis para toda la vida: Canarias no tiene el control de sus viviendas públicas en plena emergencia habitacional

Canarias

Canarias ha decretado la emergencia habitacional ante el incremento imparable de los alquileres, el crecimiento de la población y la escasez de suelo. La situación es tan grave que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un decreto Ley urgente que contempla incluso la expropiación de locales y edificios. "Es una situación extraordinaria, fuera de lo normal", dice la norma en su parte expositiva. El decreto agiliza los trámites burocráticos, abre la puerta a la recalificación de suelo e incluso al acondicionamiento de locales y oficinas como viviendas. Además, también plantea el incremento de la edificabilidad y la división de las viviendas con el ánimo de incrementar el número de hogares disponibles. No obstante, la norma deja totalmente al margen la gestión del actual parque de viviendas públicas de Canarias, compuesto por más de 17.000 casas. En las últimas décadas, ningún gobierno ha construido las viviendas sociales que Canarias necesita urgentemente, y hay más de 20.000 personas esperando.

Viviendas públicas realquiladas y una morosidad que ronda el 50%

Según los últimos datos recopilados por la Cadena SER, -hace exactamente un año-, en Canarias hay 21.000 personas inscritas en el censo de demandantes de vivienda pública frente a los 17.000 que había hace tres años, lo que supone un incremento de 4.000 personas en los últimos tres años. El problema es la absoluta falta de control de ese parque de viviendas. El Gobierno de Canarias desconoce quién vive en muchas de estas viviendas, algunas de las cuales están ocupadas por familias que ya no cumplen los criterios de vulnerabilidad y otras incluso han sido realquiladas o revendidas. Muchas de estas viviendas sociales fueron adjudicadas en los años 70 a personas que ya han muerto, quedando en manos de herederos o familiares que ya no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de una vivienda social.

El exdirector de VISOCAN sugiere recuperar el control del parque

Según los cálculos del Victor Nicolás González, exdirector de VISOCAN, -la empresa pública de viviendas de Canarias-, hay 18.000 casas y muchas de ellas están totalmente fuera del control del Gobierno. "El parque del Instituto Canario de la Vivienda es de 14.500 viviendas y VISOCAN tiene 4.700 viviendas, son casi 19.000 viviendas", explica González. "¿Cuántas de esas están siendo ocupadas por familias que no cumplen los requisitos?", se pregunta." Habría que hacer un estudio exhaustivo. No se trata de echar a nadie, sino de acreditar que el uso de esas viviendas públicas está cumpliendo su fin", explica el técnico.

Existen numerosas viviendas adjudicadas desde los años 70 cuyos beneficiarios han muerto. Posteriormente, han quedado en manos de herederos o de familiares lejanos o amigos. "En mi etapa anterior fui muy claro en el planteamiento y no me asusta decirlo. Creo que el fin de una vivienda pública es dar respuesta a una familia en riesgo habitacional durante el tiempo necesario. Darle la propiedad a una familia con pocos recursos no es darle ninguna solución, es generarles un problema", explica González, que plantea cómo Canarias ha perdido totalmente el control de su parque de viviendas públicas

En opinión del exdirector de la empresa pública, la consejería de Vivienda tiene que hacer un esfuerzo por recuperar ese parque. "Si la familia concesionaria de la vivienda sigue en situación de vulnerabilidad durante treinta años, debe seguir protegida. Pero si esa familia mejora su situación económica a los diez años lo lógico es que esa vivienda pase a otra familia que lo necesita", lamenta Víctor Nicolás González. "En otras comunidades autónomas se ha regulado desde hace mucho tiempo que la vivienda pública sea siempre propiedad de la administración", añade.

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El Ejecutivo dio la posibilidad de transmitir 10.500 viviendas públicas

El anterior Gobierno de Canarias, durante el Pacto de las Flores, aprobó un decreto que permitía a las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años acceder a su propiedad en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). El decreto afecta a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996 y abrió la posibilidad de que 10.500 viviendas públicas pasaran a manos privadas en determinadas circunstancias. "Lo que no se puede permitir es que con la mala gestión del parque público de viviendas se pueda estar especulando en el mercado privado. Eso hay que intentar atajarlo de alguna manera, porque ese parque es el que debe dar solución a las familias en riesgo habitacional", añade el exdirector de VISOCAN.

Diferencias internas en el PSOE con respecto al decreto de vivienda

El exconsejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, fue categórico con respecto a las medidas adoptadas por el nuevo ejecutivo para construir 8.000 viviendas en cuatro años de la mano de la patronal. "Es un golpe de estado a la planificación urbanística que se hace sin contar con los propios ayuntamientos. Se establece que la única política vivienda de Canarias se establece con los promotores privados", justifica el secretario general del PSOE grancanario. Su número dos, Juan Jesús Facundo, secretario de organización del partido, no está del todo de acuerdo con Franquis. "Hay compañeros que se opone al decreto, creo que es entendible. Pero habrá que valorar si este decreto tienen cosas buenas", explica. "Cuando sale un tipo de decreto que nos puede ayudar hay que analizarlo profundamente, no criticar las cosas por criticarlas", llegó a decir en Hoy por Hoy Las Palmas.