Sobre el conflicto institucional

Al Grupo Popular del Senado se le ha ocurrido plantear conflicto de atribuciones con el Congreso de los Diputados por la amnistía. Si no me falla la memoria es la primera vez desde que nos ampara la Constitución del 78 que algo así ocurre, y aunque la Constitución establezca el formato de conflicto competencial entre instituciones, el recorrido del conflicto y sus secuelas son terra ignota. La propuesta del PP será aprobada en una próxima sesión del Senado (donde los populares cuentan con sobrada mayoría absoluta) e incorpora una a una todas las conclusiones del informe de la secretaría general, que asegura que la proposición de ley de amnistía implica una reforma encubierta de la Constitución, vulnera hasta dieciséis de sus artículos, además de dos directivas europeas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según eso, al colarse por la puerta trasera una reforma constitucional, al Senado no le queda otra que plantear la retirada por el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Es obvio que tal cosa no va a ocurrir, porque si ocurriera el Gobierno caería de forma casi instantánea. La propuesta del Senado no va a ser probablemente ni considerada, porque el reglamento establece mecanismos de resolución del conflicto que consisten en no hacer nada, ni contestar, ni repajolero caso. Pero a pesar de la aparente inutilidad del conflicto, lo cierto es que deja huella en el procedimiento legislativo, un rastro de miguitas de pan que suman a la consideración europea, la evidencia de que el consenso y buenas prácticas que Venecia reclama para bendecir la amnistía, ni existen ni se les espera.