Canarias dará por caducadas las solicitudes de dependencia que no se resuelvan en seis meses

Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias no salen de su asombro tras conocer el nuevo decreto en el que trabaja el área de Candelaria Delgado y que regula las prestaciones de la dependencia. Según denuncia Intersindical Canaria, en ese borrador se plantea que las solicitudes deberán ser respondidas en un plazo máximo de seis meses y, de lo contrario y si la Administración no responde, el silencio administrativo se considerará negativo. Es decir, todo aquel potencial beneficiario, que pida una ayuda o prestación para la Dependencia y no haya tenido contestación por parte del Gobierno regional en esos seis meses, se le caducará su solicitud. Y esto, implica, además, que "tenga que volver a empezar todos los trámites mientras la situación del dependiente empeora", según ha lamentado Yolanda Cívicos, presidenta del Comité de Empresa de las valoradoras de dependencia en Las Palmas, en Hoy por Hoy El Drago.

Si bien es cierto que el plazo de seis meses viene fijado por la ley estatal, las Comunidades Autónomas suelen incumplirlo dado el atasco de los servicios, y la importante lista de espera, "además de que el silencio administrativo se entendía por positivo beneficiando así al solicitante de la prestación", recuerda Cívicos. La portavoz sindical plantea sus dudas sobre lo que "ocultaría" esta modificación legislativa porque podría "tener sus efectos en las estadísticas, mientras que también se evita que si el dependiente fallece se reclame la deuda contraída con la Administración".

Eso sí, el decreto, que se encuentra en información pública por la vía de urgencia con un plazo de 11 días, contempla que el solicitante pueda reclamar judicialmente cuando le sea desestimada su petición de prestación. No obstante, esto no sería novedoso porque, según Cívicos, "esto ha estado siempre, ha ocurrido, y ya se ha estado yendo a los juzgados".

"No nos lo explicamos, esto sólo responde a que no se quiere hacer una inversión real y efectiva en dependencia", se queja Cívicos, que además denuncia otros supuestos perjuicios que recogería esa nueva normativa a la que "ya han hecho alegaciones y han remitido, incluso, al Defensor del Pueblo". Esta trabajadora detalla que el anteproyecto eliminaría también el equipo multidisciplinar que, hasta ahora, hacía las valoraciones para delegar en un único profesional. Y que, además, se va a recurrir a la Policía Canaria para inspeccionar los centros cuando "lo deben hacer médicos, arquitectos, etc".

"¿Qué servicios jurídicos han elaborado este decreto que supone una verdadera indefensión para los dependientes?", se pregunta, mientras vuelve a insistir en que los plazos que se barajan "son inasumibles" y que "así es normal que se vayan a reducir las listas y los tiempos". Por su parte, fuentes de la Consejería de Candelaria Delgado aseguran a la Cadena SER que el borrador se encuentra ahora mismo en "fase de consulta interna y que, posteriormente, tendrá que salir a consulta a pública", a la vez que están abiertos a incluir "las variaciones que sean necesarias".

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Canarias, entre las CCAA con más lista de espera en dependencia

Aunque el Gobierno regional ha indicado que ha logrado reducir en casi un año el tiempo que se espera por la resolución de una solicitud hasta que se concede la ayuda, ahora mismo la espera media es de 647 días. La radiografía actual de la Dependencia en las Islas indica, además, que 12.165 personas están ahora mismo en un limbo. Y el pasado año 2.300 isleños fallecieron esperando por la ayuda. Es decir, 6 dependientes murieron cada día en Canarias aguardando por una respuesta de la Administración que nunca llegó.