Tensión en La Tejita: la promotora continúa las obras del hotel pese a la advertencia de sanción de Costas

Santa Cruz de Tenerife

Crece la tensión entre Costas y la promotora del hotel de La Tejita (Granadilla de Abona). El jefe del Servicio Provincia de Costas ha emitido una nueva orden de paralización de las obras al considerar que estas afectan a Dominio Público Marítimo Terrestre. El Grupo Viqueira ha confirmado a Radio Club Tenerife que ha recibido esta comunicación así como una advertencia de sanción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, ha decidido continuar las obras.

La promotora solicita la nulidad de la nueva orden de paralización de Costas asegurando que "carece de respaldo jurídico" e insistiendo en que las obras están amparadas por todos los títulos legales preceptivos y pueden ejecutarse sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre. Fue en febrero cuando el proyecto recibió el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Viqueira asevera que "se está incumpliendo un pronunciamiento judicial firme y definitivo, lo que constituye una vulneración del artículo 24 de la Constitución" y anuncia que si el requerimiento no queda sin efecto "de manera inmediata", exigirá "las responsabilidades personales que correspondan ante las autoridades administrativas y judiciales competentes".

En la antena de Radio Club Tenerife se ha pronunciado al respecto el portavoz de la asociación Salvar La Tejita. Daniel Duque ha instado a la promotora a "dejar de engañar a la gente y hacerse las víctimas". Asimismo, el portavoz señala que "estamos un poco cansados de que salgan hoteleros, patronales, a decir que la Ley es muy dura. La Ley es la que es, cúmplanla. Y si no, pidan que se cambien las leyes, pero hay que jugar con las normas que tenemos, no las que quieran, que se les ablanden".

Comunicado íntegro de Viqueira

Lea a continuación el comunicado íntegro del Grupo Viqueira:

La promotora del hotel de La Tejita sigue adelante con las obras, amparada por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La promotora ha solicitado al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife la nulidad de la nueva orden de paralización emitida por este organismo, ya que carece de respaldo jurídico y las obras están amparadas por todos los títulos legales preceptivos y pueden ejecutarse sobre el deslinde de la zona marítimo terrestre.

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Desde la promotora se insiste en que "se está incumpliendo un pronunciamiento judicial firme y definitivo, lo que constituye una vulneración del artículo 24 de la Constitución". Según sus responsables, "Se está tratando de crear artificialmente un procedimiento administrativo, durante el cual se pretenden paralizar ilegalmente las obras de construcción del hotel, cuyo resultado ya se encuentra decidido por las sentencias dictadas, pronunciamientos judiciales firmes y consentidos por las partes, que vinculan también a esta Administración y deben ser cumplidos y respetados, según el artículo 118 de la Constitución".

La promotora ha solicitado al Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tenga en cuenta las alegaciones presentadas, declaren nulo de pleno derecho el requerimiento formulado, toda vez que las obras que se están ejecutando cuentan con todos los títulos urbanísticos y sectoriales para ser ejecutadas. En caso de que el requerimiento de paralización no sea dejado sin efecto de manera inmediata, la promotora exigirá las responsabilidades personales que correspondan ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

También ha recordado que es la segunda vez que el Servicio Provincial le requiere la paralización de las obras careciendo de respaldo jurídico y de la competencia para ello. Ya en 2021, una sentencia del TSJC dio la razón a la promotora, ante una orden de paralización presentada por este mismo organismo declarando que "la adopción de tal medida cautelar requería de un acto expreso y además no sería competencia del Servicio Provincial sino de la Dirección General de Costas, según artículo 8.1o del Real Decreto 864/2018".

Los responsables de la promotora aseguran que "Este Servicio Provincial reincide en su conducta ilegal de paralizar unas obras al margen del procedimiento, careciendo de las competencias para ello y aun cuando es sobradamente conocedor de que estas obras cuentan con todos los títulos urbanísticos y sectoriales preceptivos, tal y como han declarado los Tribunales, pronunciamientos judiciales que está incumpliendo". Las sentencias del TSJC dicen, textualmente, que "la autorización y licencia urbanística se ajustaban al deslinde de la zona marítimo terrestre vigente, y como refiere la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 5ª, de 6 de mayo de 2002, el deslinde iniciado con posterioridad no puede afectar a licencias ya concedidas."

Igualmente, el TSJC también señala en una de sus sentencias que "no se trata de la ejecución de obras sin las autorizaciones administrativas requeridas, sino que por razón del nuevo deslinde la propiedad devienen en título concesional como valor compensatorio, según establece la sentencia del Tribunal Constitucional número 149/1991, de 4 de julio"

El proyecto se integra en el paisaje y contempla construir menos camas de las que se le permiten. Concretamente, en primera línea, la altura permitida de tres plantas se reduce prácticamente en su totalidad a una. Su construcción generará cerca de 200 empleos directos y más de 300 de forma indirecta.

La promotora, Grupo Viqueira, adquirió la urbanización donde se enclava la parcela hotelera en el año 1994. En este tiempo ha ido promoviendo distintas actuaciones hasta crear un núcleo donde residen en la actualidad más de 1.000 familias, más de treinta pequeños negocios, la mayoría regentados por pymes canarias, y entregado para uso y disfrute público más de 18.000 metros cuadrados de zonas verdes y de esparcimiento.