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"Las medidas que quiere implementar el consejero de Educación son las mismas que nos han llevado a este problema": Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC - Canarias

Los sindicatos denuncian que no se hayan hecho las modificaciones pertinentes desde que se anunció el concurso de méritos para poder evitar que más del 50% de las plazas se adjudicaran a docentes de fuera de las islas

Large group of high school students writing a test in the classroom. / Rafa Fernandez Torres

Large group of high school students writing a test in the classroom.

Santa Cruz de Tenerife

Ya hay respuesta por parte de los sindicatos canarios ante las medidas que quiere implementar la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para contrarrestar los efectos del concurso de méritos para la estabilización de interinos. Más del 50% de las plazas han acabo en manos de docentes de fuera del archipiélago y serán muchos los profesores de las islas los que puedan quedarse sin su plaza. Ante este suceso, el consejero, Poli Suárez, lanzaba un mensaje de tranquilidad y propone al Ministerio nuevas oposiciones flexibles para beneficiar a los docentes canarios con 2.700 nuevas plazas.

Precisamente, son estas medidas las que no han sido bien recibidas por los sindicatos educativos como STEC- Canarias. Su portavoz, Gerardo Rodríguez, dice que que estas iniciativas propuestas por el consejero "son más de lo mismo, tanto en la creación de más oposiciones flexibles como en la creación de más concursos de méritos. Van a tener el mismo resultado que lo que ha pasado este año". Rodríguez considera que todo lo que se haga que no sea sea ceñirse a estabilizar a los docentes interinos en las islas ya no viene al caso.

"Un concurso de méritos pésimo desde el principio"

Desde el sindicato ANPE dicen que es evidente que los resultados globales de la estabilización no van a ser positivos. Consideran que el diseño de este concurso de méritos no fue el adecuado y que se debería de haber estabilizado a las personas y no las plazas. Por su parte, Poli Suárez acusa al anterior ejecutivo canario, el que inicio el proceso, de no defender las singularidades de Canarias y los intereses de sus docentes cuando podía haberse hecho en 2021.

Una vez no tuvo marcha atrás este diseño, los sindicatos se quejan de que la administración pública haya hecho caso omiso a las aportaciones que realizaron para intentar salvaguardar al profesorado interino que imparte clases en Canarias y evitar que estos se quedaran en la calle.

Pero, alguna de las medidas que se tuvo en cuenta y que tuvo una repercusión positiva fue la de que Canarias saliera del calendario estatal en la adjudicación de plazas tras la celebración de las oposiciones, lo que ha mitigado, en parte, los resultados de la adjudicación de plazas gracias a que los procesos de Canarias han sido más tarde que en el resto de España. Esto ha tenido como consecuencia que hayan muchos aspirantes estabilizados en otras comunidades. Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, explica que hay comunidades que no han resuelto aún su concurso de oposición, por lo que "Habrá docentes que han obtenido plaza provisional ahora en Canarias que conseguirán plaza fuera antes de la resolución definitiva". Además, Crespo dice que hay más de 150 aspirantes que han obtenido plaza provisional en más de una especialidad, por lo que el resultado final no es el que se ha obtenido ahora.

Medidas para salvaguardar a los docentes canarios

Los sindicatos coinciden con el consejero en que hay que buscar medidas para evitar que estos procesos se repitan. Por ello, piden una mesa de negociación de medidas que puedan amparar a los docentes del archipiélago como que la computación de la antigüedad se realice dentro de los centros públicos canarios o que las oposiciones aprobadas desde el año 2012 fueran aquellas hechas en Canarias. Estas medidas servirían para poder bajar la tasa de interinidad del 30% al 8% en las islas, de trabajadores que llevan más de cinco años encadenando trabajos temporales tal y como fija Bruselas.

Además, añaden que el profesorado no tiene culpa de que la normativa en Educación emane de una corporación local o Consejería y que deberían haberse regido por el Real Decreto 270, de competencia estatal, que fue el que reguló estos procedimientos. Además, anuncian que estarán a expensas del resultado de la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre los docentes, que saldrá en el mes de junio, para ver las condiciones en las que se realizará la estabilización del personal.

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