"El año pasado fue caótico": casi mil niños llegados a Canarias en patera han acabado en centros para adultos por error

Canarias

Cerca de un millar de menores migrantes que han llegado en patera o cayuco a las Islas por la ruta canaria de la migración desde enero de 2023 hasta la fecha han sido enviados a centros para adultos debido a errores en su identificación inicial como mayores de edad, según datos de la Fiscalía de la comunidad autónoma, expuestos durante las jornadas sobre migraciones que cada año celebra en las islas el Poder Judicial. El año pasado fueron rescatados Canarias unos 2.900 migrantes que podían ser menores, pero su edad no estaba clara. Esta cantidad no incluye aquellos de los que se presumía, sin duda alguna, que eran niños. En lo que va de 2024 han llegado 1.205 menores más. Sobre 410 de ellos, no hay dudas de que son niños. Sin embargo, el resto han sido sometidos a pruebas o están pendientes de pasar por ellas.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha explicado que 2023 fue un año "caótico" porque a 31 de agosto solo habían llegado 600 de estos presuntos menores. El resto -2.300- lo hizo de septiembre a diciembre. No obstante, Martínez añadió que, una vez que se reforzaron los servicios, se funcionó relativamente rápido, hasta el punto de que a día de hoy solo quedan 63 menores llegados a Canarias en 2023 a los que aún no se le ha determinado la edad. El problema es que, durante esos meses, casi mil menores fueron tomados como adultos: 523 el año pasado y 442 en lo que va de 2024.

Dos problemas principales

Adolescentes que fingían ser mayores de edad porque les habían aconsejado sus familias que así lo hicieran "con la esperanza de que los trasladaran rápido al continente o, incluso, de que no les pusieran impedimentos para trabajar" y jóvenes a los que la Policía filió mal como adultos. Estos son los dos problemas principales que ha detectado la fiscal superior y que han hecho que casi mil niños acaben en centros para adultos. En centros para adultos lo que han tenido suerte, ya que otros han terminado directamente en la cárcel.

También tiene que ver en este "error" los retrasos en las pruebas de determinación de la edad por el colapso que ha existido en los meses anteriores en el Instituto de Medicina Legal, encargado de la realización de estas pruebas. El Gobierno de Canarias compró el aparato clave, un ortopantomógrafo, para el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, pero la Fiscalía Superior decidió trasladarlo a Tenerife a raíz del repunte migratorio y de la llegada incesante de migrantes a las costas de El Hierro. Meses después el aparato sigue en una caja y unos y otros se quitan la responsabilidad.

La justificación que se da desde la Consejería para explicar por qué no se ha instalado todavía el ortopantomógrafo es que los trabajadores del centro tinerfeño se niegan a hacerlo, ya que esta situación coincide con una huelga indefinida del personal. Sin embargo, desde el comité de huelga destacan que esto no es así, ya que en el mismo espacio donde se pretende instalar el aparto se hacen las radiografías a cadáveres. Por tanto, alegan que no se ha colocado porque, de hacerlo, sería en una "zona sucia, de espacio reducido" y en la que no se podría evitar que los jóvenes vieran los cadáveres que allí entran.

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Reparto entre las comunidades autónomas

El Gobierno de Canarias sigue esperanzado en cerrar próximamente el acuerdo con el Estado para modificar el artículo 35 de la ley de Extranjería y poder obligar así al resto de comunidades autónomas a acoger a los niños y adolescentes migrantes que llegan solos a las Islas. "Por primera vez estamos al alcance de hacer realidad este acuerdo que se viene pelando desde 2018. Esperamos que sea una realidad antes del verano", aseguró el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Preguntada María Farnés Martínez por este acuerdo que negocia Canarias con el Gobierno de España, la fiscal superior ha reconocido que, con más de 5.500 menores en los centros de Canarias, no se les puede prestar la atención que merecen.

Ha señalado que le "preocupa" que se esté planteando en esa negociación que se traslade a los menores de Canarias a la península en un máximo de 15 días, una vez superada la capacidad de acogida de las islas en un 150 % (es algo que plantea el Gobierno de Fernando Clavijo), porque cree que "no da tiempo" en dos semanas a completar las pruebas de determinación de minoría de edad: "No se puede determinar la edad en 15 días. Los que trabajamos en esto pensamos que puede ser peligroso enviar a menores a la península sin determinar la edad, máxime cuando podemos adoptar medidas para funcionar con rapidez".