"La gente tiene que elegir, comer o pagar la casa": un municipio canario exige zonas tensionadas y sanciones al alquiler vacacional

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona pide al Gobierno de Canarias (CC-PP) endurecer la próxima ley autonómica de alquiler vacacional y declarar zonas tensionadas. Su alcaldesa, Jennifer Miranda (PSOE), ha alertado sobre la profunda crisis habitacional que atraviesan las familias en el municipio, donde "la mayoría" tienen que destinar más del 80% de sus ingresos a la vivienda: "La gente tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler".

El borrador de la norma que pretende poner coto a la actividad vacacional en el Archipiélago establece que los planeamientos urbanísticos deben reservar el 90% de la edificabilidad al uso residencial en todas las islas salvo en La Gomera, La Palma y El Hierro, donde la cifra desciende al 80%. Es uno de los puntos en los que ha incidido Miranda, que califica de "excesivo" que el 10% pueda quedar reservado al alquiler vacacional. "Si ahora tenemos el 8% y no podemos acceder a la vivienda, imaginen cuando lleguemos al 10%".

En el punto de mira también están las viviendas turísticas sin autorización. De hecho, el Ministerio de Turismo ha acordado con las comunidades autónomas un registro único para controlar las ofertas ilegales, una iniciativa que incluso apoyan algunas de las plataformas de anuncios. En el caso del municipio del sur de Tenerife, la alcaldesa ha revelado que de las 1.300 casas que se ofertan en portales de Internet en esta modalidad, solo 280 tienen autorización. "El modelo pasa por la necesidad de limitar la vivienda vacacional, por regular y por sancionar (...) Necesitamos mecanismos que articulen el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para inspeccionar todo ese tipo de actividades y cerrarlas en su caso", ha aseverado.

Los precios se disparan un 150%

Los precios de arrendamiento se han disparado en Granadilla de Abona un 150% en los últimos años según los estudios del consistorio. Es decir, "un alquiler que antes costaba 400 euros, ahora cuesta casi 1.000". Miranda señala que este encarecimiento no solo afecta a la costa, a El Médano, Los Abrigos o San Isidro, el núcleo más poblado, sino que la presión se ha trasladado incluso a las medianías. Es por ello que en marzo el pleno del Ayuntamiento aprobó instar al Gobierno de Canarias a declarar el municipio como zona tensionada.

Este mecanismo, contemplado en la Ley estatal de Vivienda, permite limitar el precio de los alquileres en municipios completos o zonas residenciales. Para ello se debe dar una de las siguientes condiciones: o que el coste medio de la hipoteca o el alquiler superen el 30% de los ingresos medios de los hogares (con los gastos incluidos); o que el precio de la compra o del alquiler haya experimentado un crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del ÍPC en la comunidad autónoma en los últimos cinco años.

El Gobierno de Canarias intentó recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma de rango estatal, aunque finalmente no pudo hacerlo al estar fuera del plazo habilitado para presentar los recursos. En este sentido, la alcaldesa de Granadilla ha acusado al ejecutivo autonómico de no querer declarar zonas tensionadas y de devolver "la pelota" a los consistorios para que "hagamos los estudios". Miranda solicita "el personal y las perras" para acometer dichos informes. "Es evidente que existe no existe una intención real de declarar zonas tensionadas, están buscando la manera de alargar en el tiempo este proceso", ha asegurado en Radio Club Tenerife.

34 edificios inacabados en Granadilla

Entre las medidas que contempla el municipio tinerfeño para hacer frente a la crisis habitacional se encuentra expropiar edificios inacabados. La alcaldesa ha admitido, no obstante, que el proceso de va a prolongar durante cuatro o cinco años. "El primer paso, que ya está finalizado, es la identificación de inmuebles sin terminar". El municipio ha localizado 34 edificaciones en esta situación, la mayoría de entidades bancarias o fondos de inversión que se hicieron con las propiedades tras la crisis inmobiliaria de 2008.

"Ahora estamos en proceso de requerirles para que ellos finalicen las obras. Si pasado el plazo no lo hacen, nosotros pasaremos a la ejecución subsidiaria. Ahí es donde planteamos la expropiación", ha explicado la dirigente insistiendo en que "no es un mecanismo revolucionario ni comunista. Se paga un justo precio a los propietarios".