"No aceptaremos chantajes": el PP de Canarias responde a la amenaza de Vox por el reparto de menores migrantes
Santiago Abascal ha anunciado que romperá los gobiernos autonómicos si el Partido Popular no utiliza "todos los medios políticos y legales para evitar la distribución" de los niños y adolescentes sin amparo familiar
El PP canario acusa a Vox de generar "ruido" en torno a la crisis migratoria
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Santa Cruz de Tenerife
"Canarias no puede más". Es el contundente mensaje que ha lanzado el Archipiélago de forma prácticamente unánime tras una reunión entre el gobierno regional, representantes de los cabildos, de los municipios y de las entidades del tercer sector para pedir que salga adelante la reforma de la Ley de Extranjería y poder derivar a otras comunidades a parte de los 5.600 niños y adolescentes migrantes sin amparo familiar que se encuentran en las islas. Sin embargo, y a un día de que se celebre la Conferencia Sectorial de Infancia en la que las autonomías analizarán ese reparto, la rueda política sigue girando en Madrid. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ido un paso más allá y ha anunciado que romperá los pactos autonómicos con el PP si no se utilizan "todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y nuestras ciudades".
Esta amenaza ya ha tenido respuesta por parte del PP de Canarias. Su secretario general se ha mostrado confiado en que Alberto Núñez Feijóo mostrará solidaridad con la situación del Archipiélago y ha concluido que "no podemos seguir aceptando chantajes de aquellos que no quieren que estos menores sean repartidos de manera solidaria por el resto de comunidades". De producirse la ruptura en las autonomías cogobernadas por el Partido Popular y Vox, Poli Suárez ha sostenido que "habrá que saber gestionar esa situación, ha habido gobierno que han funcionado y trabajado en minoría parlamentaria, aunque eso llevaría a una dificultad a la hora de aprobar presupuestos y leyes". No obstante, califica de "ruido" la postura del grupo de extrema derecha.
La reforma de la Ley de Extranjería sigue en el aire
El Gobierno de Canarias ha trabajado durante meses con el Gobierno de España en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que haría obligatoria la acogida en otras comunidades de los menores tutelados por el Archipiélago. A día de hoy, la propuesta no cuenta con los votos suficientes en el Congreso de los Diputados para materializarse. Junts ha exigido que Cataluña quede exenta del reparto de niños y adolescentes, mientras que el PP no termina de definir su postura. Si bien los populares del Archipiélago apuestan por acometer la modificación legislativa, los conservadores a nivel nacional se inclinan por una derivación solidaria que, hasta el momento, ha fracasado. Y es que en diez meses solo han salido del Archipiélago unos 30 niños y adolescentes.
Canarias, al límite
Los recursos en Canarias se encuentran totalmente desbordados: en solo seis meses se ha pasado de 30 a 80 centros de acogimiento para alojar a los 5.600 menores que se encuentran en el Archipiélago. La falta de nuevas instalaciones no solo está generando deficiencias en la atención, sino que ha provocado la instalación de carpas de forma preventiva en el muelle de Arrecife (Lanzarote) para ofrecer una atención temporal a los niños y adolescentes que puedan llegar este verano. Es en esta isla en la que la diputada del Común, Lola Padrón, ha abierto una investigación de oficio por las precarias condiciones de acogida en el centro "Casa del Mar", denunciado por dos letradas ante la Fiscalía de Las Palmas.
Hoy por Hoy La Portada (09/07/2024)
59:59
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En una entrevista en Radio Club Tenerife, Padrón ha cifrado en solo 900 los niños que se encuentran en centros dependientes de cabildos y que "están bien atendidos, dentro del esquema". A su juicio, y como ya alertara la Fiscal de Extranjería de Canarias, la instalación de carpas en muelles y puertos "no es una buena idea" ya que "estamos en una situación de emergencia y de crisis migratoria, si nos movemos siempre en la emergencia es difícil hablar de calidad en la asistencia para garantizar los derechos de los menores".