Dos de cada diez viviendas vacacionales de Canarias están en manos de grandes tenedores

Santa Cruz de Tenerife

Prácticamente dos de cada diez viviendas vacacionales registradas en Canarias están en manos de grandes tenedores. Es la estimación de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias (17% del total, 61.000 pisos y casas), cuya titular ha explicado este lunes en Radio Club Tenerife las principales modificaciones del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda de Canarias tras recibir más de 3.000 aportaciones ciudadanas y de colectivos. La norma entrará en la cámara regional en las próximas semanas y se estima que sea aprobada en un plazo de dos o tres meses.

Uno de sus grandes objetivos es evitar la proliferación de nuevos edificios dedicados al completo a alquiler vacacional, en manos de grandes tenedores. Si bien la consejera admite que "es verdad que hay un decreto que se los ha permitido hasta ahora, y no podemos atacar a algo que tienen un uso consolidado porque esos propietarios tienen unos derechos que no podemos impedir", la intención es que no se registren más: "Impedimos con esta ley que el uso característico de la parcela residencial sea para el alquiler vacacional. Que un edificio completo pueda ser destinado a la actividad". Por ello, la norma impone nuevas condiciones a los propietarios: pueden consolidar su uso, pero no transmitir ni vender. Además, tendrán que someterse al convenio de hostelería y se les ofrecerá la oportunidad de convertirse en hoteles urbanos.

Ni una vivienda más sin planeamiento

"Desde que entre en vigor, ni una más hasta que haya planeamiento. Paramos para poder ordenar el sector y separar lo que es legal de lo que es ilegal". Es el espíritu de la próxima ley. Así lo ha definido Jessica de León, que ha clarificado que los ayuntamientos tendrán cinco años para adaptarse a las directrices generales que mandatará la norma. También serán los consistorios los que tengan que elaborar junto a los cabildos un plan de inspección en un plazo de seis meses, así como ejecutarlo en cuatro años: "Todos hemos hecho una barrida por las plataformas que comercializan y vemos caravanas con VV (distinción de vivienda vacacional)".

Al respecto, la alcaldesa de Mogán ha explicitado en SER Las Palmas algunas dudas que han surgido entre los ayuntamientos. Onalia Bueno duda de la capacidad económica de algunos consistorios para elaborar esos planeamientos, ya que los trámites y documentos administrativos pueden ascender a 15.000 euros. "Es una cuestión de plantilla y de quién paga esto. Una ordenanza menor es un contrato de 15.000 euros. Mogán o los municipios turísticos se lo pueden permitir, pero a los más pequeñitos a ver quién les va a pagar esos documentos", ha asegurado.

Se flexibilizan los requisitos técnicos

Las modificaciones respecto al primer borrador de la ley se centran en que los pequeños propietarios que ya explotan vivienda vacacional en Canarias podrán seguir haciéndolo de manera indefinida, mientras que quienes se dedican a este negocio sin ser dueños lo harán únicamente durante cinco años. La concesión se podrá prorrogar hasta 20 años si ponen en alquiler convencional el mismo número de inmuebles. En el texto también se prevé una "flexibilización" de los requisitos técnicos que se habían anunciado. Para establecer una vivienda vacacional ya no será necesario disponer de cargador para vehículo eléctrico, acceso por vía pavimentada o la obligación de cumplir criterios de eficiencia energética, condicionantes que habían levantado críticas por parte del sector del alquiler vacacional.

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Una norma "muy batallada"

Igualmente, se rebaja la superficie útil mínima que se permite para el uso turístico de una vivienda, desde los 39 metros cuadrados a los 25, siempre que el inmueble en cuestión cumpla con al menos una de las condiciones que establecerá la normativa, como disponer de aparcamiento vinculado a la propia vivienda vacacional, de piscina privada o comunitaria, o bien que se certifique la generación de empleo gracias a ella.

La consejera augura que la norma será "muy discutida" y "batallada" y señala las advertencias que les ha trasladado el Consejo Económico y Social de Canarias sobre posibles casos de inseguridad jurídica: "Nos está advirtiendo para que la armemos bien y que, si hay alguien que impugna el texto, el resto de los propietarios puedan seguir operando con normalidad".

Turismo niega el "efecto llamada" y prevé una reducción "significativa"

La consejera niega que el anuncio de la ley (el proceso participativo se presentó a finales de 2023) haya provocado un efecto llamada y ha apuntado que entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023 estas viviendas aumentaron un 22%, mientras que entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 han crecido un 24%: "Veo a políticos que no tienen discurso y que su único paracaídas es la moratoria. Lo que pediría es que por favor construyéramos una ley entre todos, que respondiera a la demanda social".

Recientemente tanto el Partido Socialista de Canarias como los presidentes de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote han solicitado frenar en seco las inscripciones de nuevas viviendas de alquiler vacacional, algo que ha rechazado el ejecutivo autonómico argumentando "dudas jurídicas". "Tenemos que ser conscientes de que no solo vamos a parar, sino de que hay muchas declaraciones responsables que obedecen a barcos, caravanas, viviendas que son ilegales, otras modalidades que no se pueden comercializar como vivienda vacacional, como viviendas de protección oficial. Cuando todo esto acabe veremos una reducción significativa de esa planta que hoy está destinada al alquiler vacacional", ha apuntado la consejera.