El Constitucional rechaza las alegaciones del Gobierno de Canarias y da el visto bueno al derribo del hotel Oliva Beach en Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria

El largo recorrido judicial del hotel RIU Oliva Beach, en pleno paisaje natural protegido de las Dunas de Corralejo, ha terminado con el punto y final que ha colocado el pleno del Tribunal Constitucional al rechazar las alegaciones presentadas por el Gobierno de Canarias para asumir este expediente dentro del marco de la transferencia de la competencia de Costas y revisar la pertinencia del mantenimiento de su actividad y las instalaciones a pesar de un informe del Ministerio de Transición Ecológica que certifica los reiterados incumplimientos de la empresa hotelera mallorquina sobre estas instalaciones.

Según adelanta eldiario.es, el Tribunal Constitucional entiende que no procede interpretar que existe un conflicto de competencias sobre la gestión de las costas que plantea el Gobierno de Canarias frente al Estado en este caso.

El veintinueve de febrero de este año, el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, certificó la caducidad de la concesión que se prorrogó desde el año 2003 durante la etapa de gobierno de José María Aznar en Moncloa. Esta decisión se adoptó después de emitir un informe donde se constató el incumplimiento de los preceptos que le permitirían mantener en servicio el establecimiento. En el documento se plasman las conclusiones del ministerio después de una amplia batalla administrativa entre el Ejecutivo y la demarcación de Costas y, por otra parte, la cadena hotelera balear que se prolonga desde el año 2007. Ese año se autorizó la realización de unas obras de "rehabilitación y mantenimiento" hasta que, en el seis de agosto del año 2021 se notificó a los gestores del establecimiento el inicio del expediente de caducidad de la concesión.

Después de la autorización hace más de una década de estas obras, que fueron objeto de sanción de más de diez mil euros en el 2008, los inspectores que se desplazaron hasta el establecimiento en varias ocasiones en los últimos años no solo no han detectado, a pesar de las advertencia, el derribo obligatorio de las modificaciones de las obras posteriores que cambian el aspecto interior y exterior del edificio sino que amplía la superficie útil hasta los 29.000 metros cuadrados, según se recoge en el informe.

En el informe de Transición Ecológica también se recoge un amplio abanico de respuestas a las alegaciones presentadas por, entre otros, representantes sindicales de los trabajadores, los entonces alcaldes de La Oliva o el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura durante esa legislatura, Sergio Lloret. Desde al área que dirige Teresa Ribera se subraya la importancia para la economía de la zona y de la isla la actividad desarrollada por este establecimiento. Sin embargo, "esas cuestiones son ajenas al expediente administrativo y deben ser objeto de tratamiento y solución en otras esferas de la actuación pública y privada".

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El Gobierno de Canarias, al Constitucional

Casi un año después de tener conocimiento de este informe, el Gobierno de Canarias avanzó que trasladaría al Tribunal Constitucional el conflicto abierto sobre el traspaso efectivo y total de las competencias de Costas. De hecho, Pablo Rodríguez como titular de costas ha reiterado en varias ocasiones que este es uno de los expedientes que el Ministerio se reserva para su gestión y entienden que es una vulneración del traspaso de la competencia.

Durante este proceso, una de las voces más críticas contra el Estado ha sido la de Jéssica de León. La consejera de Turismo, procedente de Fuerteventura, señaló durante la presentación del stand de Islas Canarias en la última feria de Turismo ITB de Berlín, que se incumple el Estatuto de Autonomía, actualizado en el año 2018. "Nos ceden las competencias en Costas, quien debe resolver este expediente es Canarias", señala la exconsejera del Cabildo de Fuerteventura. Para León, esta "disputa" supone la "paralización de las inversiones públicas y privadas" en el dominio marítimo público terrestre y "genera inseguridad jurídica".