La Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra el único Carnaval del mandato de Patricia Hernández

Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral contra el que fuera concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín Casanova, durante el mandato de la socialista Patricia Hernández. En el escrito de acusación dirigido al Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife y al que ha tenido acceso la SER, el fiscal Francisco Manuel García Dorta concluye que prevaricó y "antepuso sus intereses políticos al respeto a la ley" en el proceso de contratación para celebrar el Carnaval de 2020. El Ministerio público infiere, tras el sobreseimiento provisional dictado en 2023, que procede imponer al acusado la pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como el abono de las costas procesales, porque los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa.

El Ministerio fiscal, que dio comienzo a su investigación hace casi cuatro años tras recibir una comunicación por parte del empresario vinculado al mundo del espectáculo y asesor durante décadas del Organismo Autónomo de Fiestas Luciano Delgado, recuerda que la alcaldesa delegó en Martín las competencias en materia de fiestas, por lo que fue nombrado presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. Esa delegación de competencias desplegó sus efectos desde el mismo día en que Patricia Hernández firmó el decreto.

Para poder celebrar diversas festividades en el municipio, entre ellas los carnavales de 2020, el acusado inició la tramitación de un expediente contratación en octubre de 2019. Sin embargo, y debido "a la imprudente falta de previsión", el expediente no se cerró a tiempo y acabó siendo adjudicado en junio de 2020, una vez transcurridos los carnavales en enero y febrero. En consecuencia, el fiscal asevera que "de forma deliberada y consciente", el concejal optó por "omitir los trámites legales previstos" y acabó adjudicando las prestaciones del Carnaval mediante 21 contratos menores en los que el ministerio observa diversas presuntas irregularidades. Esos contratos suman 227.132,81 euros sin IGIC, "lo que supone multiplicar por 15 la cuantía máxima por la que cabe un contrato menor".

Los 21 contratos menores que marcaron el Carnaval de 2020

Según la Fiscalía, Martín acometió una serie de pasos para "aparentar" que los 21 contratos menores del Carnaval de 2020 cumplían con los requisitos de la legislación de contratos en el sector público. Repartió cada instalación del carnaval en un contrato menor, aunque "por sí solas no tienen utilidad ya que todas forman un conjunto global"; fraccionó y repartió "de forma minuciosa" las prestaciones para que no se excedieron los límites de cuantía que estipula la ley en el caso de los contratos menores; y retiró el techo de los escenarios de Francisco La Roche y la Plaza de La Candelaria para respetar esos límites de cuantía.

García Dorta infiere que el concejal incumplió en varios de los contratos la exigencia de solicitar al menos tres presupuestos y que llegó a celebrar más de un contrato para el mismo objeto para así poder repartir el montante. Su suma excede la cuantía prevista para un contrato menor. Además, simuló una concurrencia de empresas. Alega el fiscal que para esa supuesta concurrencia solicitó presupuestos a distintas empresas que pertenecen a las mismas personas, "a sabiendas de que no era así y que eso está prohibido". Algunas de esas empresas son Location Needs SL, Decoó Eventos y Restauración SL y Eventos Titos SL (propiedad de los mismos titulares). También Cúbica Activa Canarias, Alkur Servicios Generales SL o María del Rosario González Casañas y Miguel Ángel Delgado Rodríguez como autónomos (todos ellos están vinculados); mientras que a Elevaciones Archipiélago se solicitó dos presupuestos a dos correos diferentes y "simulando que eran dos empresas".

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Garantizar la seguridad, "un pretexto"

También le acusa de adjudicar algunos de los contratos en días inhábiles. El fiscal señala al exconcejal por "faltar a la verdad" al afirmar en la propuesta de contratación que se trataba de una necesidad puntual y no periódica, aunque el Carnaval se celebra todos los años, y por utilizar "como pretexto" que se buscaba garantizar la seguridad de los asistentes. El Ministerio considera que el fin único que perseguía el acusado era evitar a toda costa "el indudable desastre político" que se produciría si, por no haber adjudicado el expediente a tiempo el expediente, los carnavales no se hubieran podido celebrar: "Antepuso sus intereses políticos al respeto a la Ley".

Un contrato verbal

Pese a haber retirado de los contratos el techo de los escenarios de Francisco La Roche y la Plaza de La Candelaria, estos sí se llegaron a instalar "sin que conste documentación alguna de contratación". Por tanto, García Dorta razona que de forma contraria a la ley, el acusado lo adjudicó verbalmente (se desconoce por cuánto y a quién) y sin ningún tipo de control dado que ni se presentó factura ni consta la forma en la que se pagaron los servicios.

Para proceder a la apertura del juicio oral, el fiscal propone interrogar a Andrés Martín Casanova y llamar a declarar como testigos a 12 personas, entre ellas la adjunta a la dirección del servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el representante de la empresa Benelux Canarias, así como analizar más de 40 folios relativos a informes o certificados. También considera examinar una memoria USB y dos DVD.

Las justificaciones de Andrés Martín

Los de 2020 han sido, probablemente, los carnavales más polémicos de la historia. Las celebraciones en la calle del domingo, 24 de febrero, se sucedieron pese al fuerte episodio de calima que azotó al Archipiélago y que llegó a obligar a cerrar los aeropuertos del Archipiélago. Ese día, además, tuvieron lugar varios incendios en el norte de la isla, en La Orotava, Los Realejos, Santa Úrsula y La Guancha. Pese a ello, la fiesta continuó en Santa Cruz de Tenerife con el Carnaval de Día.

También fue el año del estallido de la pandemia. Los multitudinarios eventos se celebraron pocas semanas antes de que se desatara la crisis sanitaria y el Gobierno de España decretara el estado de alarma. A finales de ese año se publicó una investigación en la revista 'Gaceta Sanitaria' en la que investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias y de la Universidad de La Laguna entre otros apuntaron a la celebración del Carnaval como factor de propagación de los contagios de Covid-19. El artículo concluyó que el 1 de abril la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes era de 132 casos en Tenerife y de 56 en Gran Canaria, donde la suspensión de los actos del Carnaval se mantuvo más jornadas.

En una entrevista concedida en marzo de 2020 al periódico El Día, Andrés Martín Casanova aseguró que los de ese año habían sido los únicos carnavales politizados hasta la fecha. Preguntado por si había faltado previsión en los pliegos para la contratación, tal vez por la falta de gerente, contestó: "Los plazos administrativos son los que son y si sacamos un pliego de más de 250.000 euros tiene que ir a una exposición europea 45 días, y si una empresa te pone un recurso te paraliza la adjudicación. El Carnaval de Santa Cruz está por encima de las empresas, los partidos y la administración, y se ha visto que hemos podido sacar adelante el Carnaval con esos tres inconvenientes".