Silencio en el PSOE después de que la Fiscalía haya pedido sentar en el banquillo al exconcejal de Fiestas de Patricia Hernández
El Ministerio público considera que Andrés Martín prevaricó en la contratación de las prestaciones del Carnaval de 2020 y que procede imponer la pena de 12 años de inhabilitación especial
"¿Hay facturas de los trabajos?", se pregunta el empresario que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos
Santa Cruz de Tenerife
Silencio en el Partido Socialista después de que la Fiscalía haya pedido la apertura de juicio oral contra el que fuera concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, durante el mandato de Patricia Hernández. Tal y como reveló la Cadena SER, el Ministerio Público considera en un escrito que el edil prevaricó en la contratación de las prestaciones del Carnaval del año 2020 y que "antepuso sus intereses políticos al respeto a la ley". En consecuencia, cree que cabe aplicarle la pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como el abono de las costas procesales.
Fue un empresario vinculado al mundo del espectáculo, Luciano Delgado, quien puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos. Tras cuatro años de investigación, Manuel García Dorta concluye que debido a la "imprudente falta de previsión", el concejal acabó adjudicando las prestaciones del Carnaval a través de 21 contratos menores que suman 227.132,81 euros y que "de forma deliberada y consciente" optó por "omitir los trámites legales previstos". Delgado, que ha pasado por los micrófonos de Radio Club Tenerife, ha asegurado que tras los carnavales, y cuando la Plataforma de Contratación del Estado hizo públicos todos los documentos, "los miré uno por uno, los junté, hice un informe porque consideré que no se había actuado conforme a derecho y fui a la Fiscalía".
"¿Hay facturas de los trabajos?", se pregunta el empresario que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos
¿Qué dice el Código Ético del partido?
La incógnita pasa por si Andrés Martín, actualmente concejal en la oposición, dimitirá. El Código Ético y de Conducta del Partido Socialista señala en su punto 5.9 que cuando se dicte la apertura de juicio oral contra toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica (un término que en el caso de Martín está ahora en manos del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife), esta "deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado/a y dimitir de su cargo". En caso contrario, podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y expulsado del partido, "cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral". No obstante, el texto matiza que cuando el procedimiento judicial se siga por otro cualquier presunto delito a los anteriormente señalados, la persona sí podrá solicitar a la Comisión Federal de Ética y Garantizas autorización para mantenerse en el cargo hasta que se resuelva el caso.
Precedentes en el PSOE canario
Existen varios precedentes de cargos públicos en el Partido Socialista de Canarias que dimitieron antes o después de la apertura de juicio oral. Ejemplo de ello es Manuel Fumero, exsecretario general en Tenerife. En 2015, tras ser señalado por la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación y usurpación, abandonó el puesto. Fue condenado en primera instancia pero finalmente quedó absuelto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
También dimitió de todos sus cargos, antes de procederse a la apertura de juicio oral, José Ángel Martín. El exconcejal, número dos de Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife, fue detenido en 2023 por una presunta agresión a un directivo del club de fútbol San José El Tablero durante una visita electoral al campo de fútbol y el polideportivo.