El error en la adjudicación del cierre del Anillo Insular de Tenerife le costará a los canarios unos 14 millones de euros

El error en la adjudicación del cierre del Anillo Insular de Tenerife le costará a los canarios unos 14 millones de euros que se pagarán a través del Convenio de Carreteras, dotado con 1.473 millones de euros. Es decir, se pagará una indemnización en concepto de lucro cesante a la Unión Temporal de Empresas OHL, Excavaciones Bahíllo y Asfaltos Bahíllo (UTE OHL) con dinero que debería ir destinado a licitar nuevas obras y actuaciones. Fue el Gobierno de Canarias, presidido entonces por Coalición Canaria, el que adjudicó en 2019 la obra valorada en más de 260 millones de euros a la UTE OHL. La Unión Temporal de Empresas FCC impugnó esta decisión y recibió el aval del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. Con el cambio de ejecutivo y con la llegada del Pacto de las Flores, se readjudicó el proyecto a FCC. Sin embargo, OHL elevó el asunto a los tribunales recibiendo el 14 de marzo de 2024 el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Aunque la obra no se ha paralizado desde el varapalo judicial, sí ha sufrido demoras. De hecho, el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez descarta que los trabajos puedan finalizar en marzo de 2025 como estaba previsto. En declaraciones a Radio Club Tenerife, el presidente de Canarias Fernando Clavijo ha señalado que «cuando tienes sentencias y cuando hay una inseguridad jurídica que generó el Pacto de las Flores, obviamente se producen retrasos administrativos. Es un despropósito, nosotros lo advertimos». Tras reunirse con el presidente del Gobierno de España en el marco de las reuniones bilaterales que está manteniendo Pedro Sánchez con dirigentes autonómicos, Fernando Clavijo también ha revelado el compromiso del ejecutivo central para mantener la gratuidad del transporte público en Canarias: «El Presidente me garantizó que no solo en el 2024, sino que en el presupuesto de 2025 se mantendrán las guaguas gratis». Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil corrobora que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se comunicó por WhatsApp con los expresidentes autonómicos Ángel Víctor Torres, Concepción Andreu y Francina Armengol, a quien dedicó un “vale cariño te mantengo informada” para vender mascarillas y PCR de la trama. La UCO, que no muestra irregularidades en estas operaciones, sí corrobora los contactos con los dirigentes regionales. En el caso de Canarias, Ángel Víctor Torres acabó contratando PCR por 5,3 millones. Consta un mensaje del entonces presidente de la comunidad autónoma y ahora ministro de Política Territorial en la que responde a Koldo «llámame por favor tema PCR buenas noticias». Torres se ha pronunciado en las últimas horas y, aunque no ha concretado el alcance de su relación con Koldo García, ha insistido en que no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta, algo que ya sostuvo en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Entonces también aseguró que «jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes». Sin embargo, Fernando Clavijo echa de menos explicaciones y responsabilidades políticas. «Es un espectáculo lamentable. Bastante indignante. Prefiero esperar a que los tribunales hablen, pero desde luego empiezan ya a contradecirse las versiones con los datos, los mensajes, y las pocas explicaciones que se dieron en su momento (...) Es poco gratificante porque esto nos hace daño a todos los políticos (...) Como partido político solo confío en Coalición Canaria. Pero creo que estos actos de corruptelas son de personas, no de instituciones ni de personas. Las personas que lo hayan hecho mal, que lo paguen. Yo hecho de menos responsabilidades políticas, que las hayan asumido, pero está en el plano político. En el plano judicial son los juzgados los que tienen que decir». El pasado martes, durante una visita institucional a Rabat, Fernando Clavijo asumió «enteramente» la nueva era diplomática entre España y Marruecos. Fue en 2022 cuando Pedro Sánchez acometió un giro histórico en las relaciones apoyando su plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Ese plan propone delegar competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, y facultades en el ámbito económico, tributario, de infraestructuras, cultural y social. Pero los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión se quedarían en manos del Estado central. Las declaraciones de Clavijo han generado una amplia polémica en el Archipiélago. Nueva Canarias considera que se ha roto un consenso histórico del nacionalismo en las islas, mientras que el Frente Polisario ha asegurado que el dirigente autonómico «contradice el sentir y el compromiso de la ciudadanía». Sus palabras no han sentado bien incluso dentro de la propia Coalición Canaria. La Asamblea Majorera ha emitido un comunicado señalando que «mantiene su firme compromiso con la autodeterminación del pueblo saharaui». «Las competencias en materia de política exterior las tiene el Estado. Las comunidades autónomas no las tenemos. Lo que dije en Marruecos y sostengo es que como comunidad autónoma del Estado español nosotros asumimos el marco de juego y de relaciones que establece el Gobierno. En ese marco, lo que sí tengo como Canarias son objetivos, prioridades y metas. Marruecos es un país vecino, tiene que ser un país vecino y amigo. En el marco que ha definido el ejecutivo central el Archipiélago se tiene que desenvolver para hablar de seguridad, de inmigración, para mejorar la conectividad marítima con África, para los intercambios comerciales... (...) Eso no significa que mi organización política se tenga que pelear con el Frente Polisario, ni llevarnos mal».

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El Gobierno de España se compromete a mantener la gratuidad del transporte en Canarias en 2025, según Fernando Clavijo

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