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El varapalo del TSJC a la adjudicación del cierre del anillo insular de Tenerife abre la puerta a indemnizaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima el recurso de OHL pidiendo dejar sin efecto su exclusión del proceso y anular la concesión a FCC. De momento, los trabajos continúan

Sebastián Franquis: "Lo que hicimos es, exclusivamente, seguir el procedimiento administrativo"

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Varapalo a la adjudicación de las obras del cierre del anillo insular de Tenerife en el tramo El Tanque-Santiago del Teide. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Unión Temporal de Empresas Obrascon Huarte Lain, SA-Sociedad Anónima-Trabajos y Obras-Excavaciones Bahillo SL-Asfaltos Bahillo, SL. (UTE OHL). En él, pedía dejar sin efecto su exclusión del proceso y la anulación de la adjudicación de la que en un primer momento fue beneficiaria.

Fue el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC) y con Pablo Rodríguez en la Consejería de Obras Públicas, el que en 2019 otorgó los trabajos a la UTE OHL. Sin embargo, la UTE FCC impugnó esta decisión y recibió el aval del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. Esto conllevó que con el cambio de ejecutivo, cuando comenzó el mandato del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera), el entonces consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ordenara readjudicar el proyecto a FCC. En noviembre de 2019, la maquinaria se puso en funcionamiento con el fin de acometer el cierre del anillo insular, valorado ahora en más de 260 millones de euros.

El recurso de OHL

Fue entonces cuando OHL recurrió la readjudicación por la vía contencioso-administrativo. Pedía anular su exclusión motivada por supuestamente no cumplir con los requisitos laborales y salariales previstos en el Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También solicitaba la nulidad de la orden dictada por Franquis, que se declarara que la UTE cumplió las obligaciones establecidas en materia social o laboral y que su oferta fue la mejor de las presentadas a licitación. En último término, reclamaba que se condenara a la Administración demandada y a los eventuales terceros interesados al pago de las costas procesales.

Finalmente, el fallo al que ha tenido acceso la SER y que adelantó Canarias7, la Sección primera de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC decidió el pasado 14 de marzo que debía estimar el recurso de la UTE OHL, anulando así la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos (a favor de FCC) y la orden de Sebastián Franquis. El TSJC ratifica así la orden dictada anteriormente por Pablo Rodríguez declarando la viabilidad de OHL. La sentencia es susceptible de recurso de casación en un plazo de 30 días desde la jornada siguiente a su notificación.

"Sería lógico recurrir"

El exconsejero de Obras Públicas, Franquis, ha pasado por los micrófonos de Radio Club Tenerife, donde ha sostenido que "fue el Tribunal de Contratos el que emitió una resolución cambiando una adjudicación y dándole la razón a la empresa que había presentado el recurso (FCC)" por lo que "nosotros lo que hicimos fue cumplir con esa resolución y firmar una orden cambiando la adjudicación".

Franquis entiende que "sería lógico recurrir esa sentencia (del TSJC)" ya que "normalmente es lo que se suele hacer. Siempre, la Administración Pública, cuando pierde una sentencia, lo que hace es recurrirla hasta las últimas instancias". La Consejería de Obras Públicas del actual Gobierno de Canarias (CC-PP) se encuentra analizando toda la información para tomar una decisión respecto al fallo. Según ha confirmado a Radio Club Tenerife, de momento, las obras continúan y no se paralizan. OHL también ha asegurado a este medio que su intención es proseguir con los trabajos.

Hoy por Hoy La Portada (22/03/2024)

01:00:00

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Pese a que cabe la posibilidad de recurrir y que serán otras instancias las que tengan que rechazar o ratificar la decisión del TSJC, Franquis ha reconocido que "lógicamente, si se recurre y la sentencia sigue adelante, tendrá la consecuencia de indemnización a la empresa que no fue adjudicataria inicial de este concurso". Insiste en que lo que hicieron "es, exclusivamente, seguir el procedimiento administrativo".

 
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