Qué hacer si alguien te obliga a pagar en negro

Santa Cruz de Tenerife

Es una de las situaciones más habituales en la vida cotidiana: servicios y productos que se cobran solo en efectivo y que esconden un fraude fiscal, a menudo descarado. "Siempre hay que solicitar el ticket simplificado, que es igual que una factura. Con ese ticket se puede presentar una denuncia pública ante la Agencia Tributaria que posteriormente, comprueba la trazabilidad. Yo recomiendo siempre presentar el ticket", explica Carlos Fernández, portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda. La denuncia se puede presentar a través de internet, especificando si se trata de facturas no declaradas, de software de ocultación de ventas, comercio electrónico o alquiler de inmuebles. "Tendrán que identificarse con certificado digital o clave PIN, pero jamás la persona denunciada sabrá que esto proviene de una denuncia. Todas las denuncias públicas se investigan y se tramitan", explica el portavoz de los técnicos de Hacienda.

La denuncia deberá contener el mayor número de datos conocidos que sean necesarios para la identificación por el órgano Inspector, tanto de las personas denunciadas como nombre y dos apellidos o denominación social en el caso de personas jurídicas, NIF, domicilio, razón social en su caso, etc. La persona que denuncie no tiene derecho al abono de una participación en las posibles sanciones tributarias que se pudieran imponer a los denunciados, y tampoco la inspección es inmediata, porque dependerá de la cantidad de información aportada y de los indicios suficientes.

Verifactu, el sistema que facilita la lucha contra el fraude

Cuando un restaurante nos cobra solo en efectivo podría estar escondiendo un fraude. En algunas ocasiones ya existe un embargo sobre ese establecimiento, motivo por el que ya no pueden usar datáfonos. El Ministerio de Hacienda va a poner en marcha un sistema que ya funciona en el País Vasco, el Verifactu, con el objetivo de facilitar este tipo de investigaciones y reducir el fraude. Verifactu es la nueva regulación de la Agencia Tributaria de España que obliga a todas las empresas y autónomos a adaptar sus sistemas de facturación antes del uno de julio de 2025. Todos aquellos que no cuenten con un software de facturación que cumpla con los requisitos establecidos se enfrentan a importantes sanciones.