Demoledor informe de la Abogacía del Estado contra La Palma: la tubería de la fajana es ilegal y el Cabildo no la paró a pesar de las advertencias

Santa Cruz de La Palma

El expediente sancionador del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, al que ha tenido acceso la SER, es demoledor para La Palma. En primer lugar, deja claro que la tubería que Carlos Cabrera y Mariano Hernández Zapata decidieron atravesar sobre la fajana del volcán es una "ocupación del dominio público marítimo-terrestre y se llevó a cabo sin la debida autorización administrativa", según reza el expediente. Lo hicieron mediante la ejecución de obras que atraviesan la fajana grande del volcán de Tajogaite de norte a sur, con 1.493 lineales de instalación de tubería, 17.773 metros cuadrados de ocupación en el dominio publico marítimo-terrestre y 8.497 metros cuadrados de servidumbre. En agosto del año pasado la Abogacía del Estado emitió su informe, recogido ahora en el expediente, dejando claro que una situación catastrófica como el volcán de La Palma no exonera a la Administración de la necesidad de contar con informes de compatibilidad o autorizaciones de actividad. "La sola declaración de una obra como de emergencia no exime sin más de la necesidad de obtener aquellos", llega a decir la Abogacia General del Estado.

Reportaje fotográfico y audiovisual cedido por I LOVE THE WORD

El informe va mucho más allá y puntualiza que "la obra que se preetende ejecutar no tiene por objeto defender un terreno amenazado, sino reconstruir una infraestructura hidráulica de suministro de agua para riego agrícola de las areas ubicadas al sur de las coladas del volcán", explica el expediente. No considera la Abogacía del Estado que pueda ser autorizada simplemente por el Servicio Provincial de Costas, a quien se solicitó primeramente, sino a la Dirección General de Costas y el Mar", reza el informe jurídico.

La sanción la pagarán los palmeros

La primera sanción se planeta el 7 de diciembre del año 2022: un millón setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos euros, al tiempo que entra en vigor el traslado de las competencias de Costas a Canarias. En este punto, interviene de nuevo la Abogacía del Estado, incrementando la sanción porque los daños son "irreparables o de difícil reparación", es literal. Entonces caduca el expediente, pero se reabre un mes después, en abril del año pasado. Es entonces cuando se recalculan los daños de acuerdo a la "Medición Planimétrica del Estado actual de la Fajana", de junio del 2023, ascendiendo a dos millones ciento treinta y dos mil euros.

La magnitud del impacto de las obras

La resolución ministerial, a la que ha tenido acceso la SER, hace una descripción detallada de las obras y su impacto. Una zanja y un tubo de fundición, pista de grava vertida, taludes a los lados de la pista, varios aparcaderos a lo largo de la pista para facilitar la circulación de maquinaria pesada, desmonte por medios mecánicos y zonas de acopio de materiales y maquinaria para la obra, además de una losa de hormigón para anclar la tubería y las válvulas. En el informe "Medición Planimétrica del estado actual de la fajana" ya se detallan las mediciones de las obras no autorizadas.

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El documento concluye que "ha quedado demostrada la infracción descrita de ocupación sin titulo habilitante por medio de los informes de Servicio de Vigilancia que han corroborado cada uno de ellos en el avance de las obras y la construcción sin título habilitante", reza. Por si fuera poco, "la ocupación del dominio publico maritimo terrestre no ha sido negada por la entidad sancionada en sus distintos escritos de alegaciones, tanto en el presente expediente como en el anterior", añade.

El Cabildo no paró las obras a pesar del aviso

El expediente sancionador del Ministerio deja claro que el 22 de julio del año 2022, siendo Carlos Cabrera responsable del Consejo Insular de Aguas y Mariano Hernández Zapata presidente del Cabildo, el Servicio Provincial de Costas ordenó la paralización cautelar e inmediata de las obras en ejecución "relativas a la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas de suministro de agua para riego agrícola de las áreas ubicadas al sur de las coladas del volcán", pero el Consejo Insular hizo caso omiso.

"Consideraron improcedente la paralización cautelar alegando, entre otros aspectos, que se trata de una obra de emergencia conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuya ejecución no requería previa obtención del título de ocupación", dice literalmente. El expediente señala al Consejo Insular de Aguas como responsable de la infracción cometida.

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El expediente también llega a decir que las alegaciones presentadas por el Cabildo "carecen de eficacia jurídica" precisamente porque no niegan cargos que se le imputan: la ocupación. Es decir, los reconocen. Finalmente, el expediente le recuerda al Cabildo el reglamento general de costas. "Sin prejuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición de su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y prejuicios causados. Contra la decisión cabe recurso y además, prescribe a los quince años.

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Zapata se justifica diciendo que era necesario

Mariano Hernández Zapata, actualmente consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, justifica la ocupación del dominio marítimo terrestre diciendo que todos estaban de acuerdo en ello y apelando a la necesidad de regar las fincas. "Cuando se tomó la decisión de hacer esta obra se hizo con el consenso de todos los alcaldes del Valle de Aridane, el alcalde de El Paso, actual presidente del Cabildo, apoyó de manera decidida que lleváramos a cabo esa infraestructura", explica Zapata en sus redes sociales. Además, asegura que el Cabildo de La Palma cuenta con informes jurídicos internos y externos que avalaron aquella decisión. No obstante, esos informes no han visto la luz.