"Hay chiringuitos": la universidad pública abraza el plan del Gobierno que endurece los criterios para abrir centros privados

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de España acelera para endurecer los requisitos con los que se permite la creación de universidades privadas. En concreto, el Consejo de Ministros va a aprobar este mismo martes que el proceso de reforma del decreto de 2021 que establece las normas para la apertura de nuevos centros sea por el trámite de urgencia. Así se reducirán a la mitad los plazos y el nuevo marco normativo podría estar listo antes de verano.

Tal y como anunció el propio Pedro Sánchez este lunes, el objetivo "es combatir el avance de centros privados que priman, sin rigor y sin escrúpulos, el negocio sobre la calidad". El presidente se refirió en concreto a "esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema". Para ello, entre las novedades que va a plantear el ejecutivo central se encuentra que al necesario informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) se sume otro elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) o por agencias autonómicas equivalentes que será vinculante.

Los requisitos que plantea el Gobierno de España

Además, se va a pedir una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio o que las universidades tengan, al menos, un 10% de plazas de alojamiento. También se propone que las universidades 'online' sean de ámbito nacional y, en consecuencia, que necesiten el aval de las Cortes Generales; o se exigirá experiencia a los promotores en la gestión universitaria.

La academia pública ya ha reaccionado al anuncio. Desde la Universidad de La Laguna, su rector abraza el plan del Gobierno a la espera de conocer la letra pequeña de la reforma. Francisco García explica que "es importante para la seguridad del conjunto del sistema universitario, pero fundamentalmente para los usuarios" determinar con claridad cuáles son los requisitos para que un centro pueda ofertar títulos. Asimismo, destaca la necesidad de garantizar la seguridad jurídica a los alumnos.

El rector señala la especial relevancia de que los informes sean a partir de ahora vinculantes ya que "en Canarias ya tuvimos un ejemplo reciente, de una universidad que se autorizó con un informe demoledor de la CGPU". Se refiere a la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), que fue autorizada con dos documentos desfavorables de la Conferencia General, mientras que el Consejo Universitario del Archipiélago informó favorablemente. Su reconocimiento fue aprobado en el Parlamento de Canarias en marzo de 2024.

Más universidades privadas que públicas en Canarias

El portal web de la Consejería de Educación incluye en el catálogo de universidades que operan en el Archipiélago las dos públicas (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de La Laguna) así como varias privadas: Universidad Europea, Universidad Fernando-Pessoa y Universidad del Atlántico Medio. También la Universidad de las Hespérides en la modalidad 'online'.

García reconoce la existencia de operadores privados que "actúan bien", con títulos solventes. Sin embargo, también añade que "evidentemente hay chiringuitos" y cree que existe una burbuja de universidades privadas que, en algún momento, estallará. "Hay ofertas, cuando uno ve el amplísimo catálogo que ha proliferado, en las que se dan dobles títulos en cuatro años. Parece complejo, vamos a decirlo así, que en cuatro años se pueda estudiar una ingeniería con una titulación del ámbito empresarial".

Asimismo, defiende el sistema público como el ascensor social por excelencia y aporta datos de un reciente estudio de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas: el 64% de las madres del alumnado de centros privados tienen titulación universitaria frente al 32% en el caso de los públicos. "A la universidad pública accede el conjunto de la sociedad", asegura solicitando más recursos para las academias.

El rector suma un ejemplo del que ha tenido conocimiento recientemente, el caso de una oferta de un supuesto máster en una universidad 'online' privada que finalmente respondía a una escuela adscrita y en la que solo bastaba con tener el bachillerato para matricularse. "Con los operadores privados hay que dar seguridad jurídica, reglas claras y que se compita con claridad y transparencia", por lo que califica de "urgente" la regulación.