El retraso de las licencias de obra en Canarias supone un sobrecoste de hasta 9.000 euros por vivienda

Santa Cruz de Tenerife

"En muchos ayuntamientos, la obtención de licencias es un vía crucis". Así ha calificado Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad el Gobierno de Canarias, a los trámites burocráticos que las constructoras deben pasar para obtener una licencia de obra en las islas. Y todavía es más complejo cuando se trata de viviendas sociales.

"No en todos los 88 municipios es igual, pero sí es cierto que hay ayuntamientos, por ejemplo, que solo tienen un técnico municipal informando de todas las licencias, es evidente que es insuficiente", ha explicado Rodríguez.

El Gobierno se ha amparado, para elaborar su decreto de agilización de licencias, en informes de asociaciones de constructores y de alguna consultora que fijan el retraso en una media de dos años cuando el plazo legal es de tres meses: "El retraso de una licencia supone un sobrecoste en la propia vivienda que oscila entre 5.000 y 9.000 euros"

Decreto negociado con FECAM

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este martes que el decreto de agilización de licencias urbanísticas, aprobado este lunes en Consejo de Gobierno, ha sido negociado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

"No estamos hablando de algo futurible, fue hablado, dialogado y negociado con la propia Federación Canaria de Municipios", ha señalado en respuesta a una pregunta de NC-BC en comisión parlamentaria, negando que se esté "usurpando" funciones a los ayuntamientos.

El consejero ha indicado que el Tribunal Supremo ya concluyó que una administración puede recurrir a la colaboración de otros organismos en la tramitación de procedimientos administrativos en circunstancias excepcionales o cuando no hay medios técnicos y materiales para desarrollarlos.

Colaboración municipal

"Lo que estamos planteando es colaborar con los ayuntamientos generándoles un mecanismo y unos instrumentos nuevos para que puedan resolver problemas que hoy no son capaces o no pueden resolver", ha comentado.

Ha insistido en no "señalar" a los ayuntamientos por el "problema de la emergencia habitacional", que tampoco "es exclusivo de Canarias", sino que se da en todo el Estado y en la Unión Europea.

"Todos tenemos parte de responsabilidad, unos más y otros menos, y lo que buscamos ahora no es buscar responsables ni señalar responsables, sino buscar soluciones, y esto es una solución más", ha destacado.

Viviendas de la Sareb

En Canarias hay aproximadamente unas 300 viviendas que pertenecen a la Sareb, al llamado "banco malo", repartidas por todas las islas. Ha explicado el consejero que el objetivo del actual regional era adquirir esas viviendas anualmente, un plan que ahora mismo está paralizado.

"Se ha frenado por el anuncio del Gobierno de España de usar esas viviendas de la Sareb como parte de las viviendas de la nueva empresa pública de vivienda estatal, algo que no nos parece adecuado, porque teníamos unas expectativas de esas viviendas de las que podíamos disponer en Canarias", ha añadido Pablo Rodríguez.

Considera que lo más adecuado es "replantear esa opción del gobierno estatal" y darle las viviendas "a empresas que ya estén creadas y trabajen en el sector."