Sobre la imputación del policía Moar

Francisco Moar, exjefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, ha sido citado a declarar por su presunta implicación en una red de narcotráfico y corrupción. La operación, que ha llevado a la detención de varios mandos y de Mohamed Derbah, revela la existencia de una trama donde la línea entre la ley y el delito parece haberse desdibujado, salpicando a la propia Policía.

Más allá de las acusaciones formales, emerge un trasfondo de rivalidades internas que podría haber influido en el desarrollo de los acontecimientos. Moar fue apartado de la investigación del 'caso Mediador' tras denunciarse la desaparición de pruebas clave y de posibles irregularidades en la conducción del caso. Ese enfrentamiento llevó a Moar a denunciar a su superior, el comisario provincial Luis Felipe San Martín, por un supuesto delito de violencia machista, basado en un vídeo que mostraba al comisario amenazando a su pareja con una pistola. San Martín fue inmediatamente suspendido de sus funciones, y la relación entre ambos se tornó en una abierta confrontación, que parece haber contagiado a otros policías.

La detención de Moar, en este contexto de grave conflicto interno, plantea interrogantes sobre la posibilidad de que estemos ante un ajuste de cuentas, más allá de la operación puramente judicial. La existencia de rivalidades personales y profesionales dentro de la Policía podría estar condicionado las investigaciones y decisiones tomadas en este caso. También la decisión de dejar en libertad a Moar tras encontrar 145 gramos de cocaína en su domicilio, sin consultar a la jueza ni al fiscal, ha provocado dudas sobre la imparcialidad del procedimiento, subrayando la necesidad de garantizar que las investigaciones internas se conduzcan con la máxima transparencia y sin interferencias personales. El caso de Moar no solo pone en tela de juicio la integridad de miembros de las fuerzas de seguridad, sino que también evidencia que las peleas y vendettas personales pueden socavar la justicia. Es imperativo que se esclarezcan los hechos con objetividad y garantías y que se depuren responsabilidades, para restaurar la confianza en las instituciones encargadas de protegernos.