El Supremo da la razón por segunda vez a Canarias en su pulso con el Estado y desestima las alegaciones sobre menores migrantes

Santa Cruz de Tenerife

Canarias acudió al Tribunal Supremo para que el Estado cumpliera con sus obligaciones de solidaridad con los menores migrantes. Lo hizo tras entender que no se estaba dando respuesta a la llamada de Canarias en el Consejo de Ministros, ante la supuesta "inactividad" del Estado en septiembre del año pasado. Ante esto recurrieron al Supremo, donde la Abogacía del Estado formuló una serie de alegaciones con el objetivo de que el Tribunal no entrara al fondo del asunto, insistiendo en que no es competencia estatal porque no hay una norma específica que le obligue a asumir esa competencia. Ahora el Tribunal Supremo ha emitido un nuevo auto que a efectos prácticos supone un nuevo revés al Gobierno de España.

El Gobierno de Canarias mantiene un contencioso con el Estado en el Tribunal Supremo sobre la distribución de los menores migrantes por el Estado. Reclama Canarias la "necesaria solidaridad del Estado", es decir, el reparto de los menores de forma solidaria. Canarias alega que la solidaridad no solo es un título que aparece en la Constitución, sino también en la legislación de Extranjería. Canarias entiende que el Gobierno central no ha llevado a cabo sus obligaciones en materia de solidaridad, al no llevar a cabo la distribución de los menores solos que llegan a las costas Canarias en todas las comunidades (o por coordinación o por colaboración).

Un nuevo varapalo del Supremo al Estado

También el Tribunal Supremo emitió un auto el 25 de marzo de 2025 en el que daba diez días al Estado para que garantizara el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a aquellos menores que tuvieran derecho a ello. Tras el incumplimiento de esta medida cautelar, el Estado tendrá que presentar la relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el Sistema Nacional en una vista que se celebrará el día 29 de mayo.

Dado que la respuesta recibida de la Administración "parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento (...) se convoca a las partes a una vista pública para el 29 de mayo en la que el Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar que fue acordada y, en concreto, sobre los siguientes extremos, sin perjuicio de las demás cuestiones que la Sala pueda plantear en dicho acto", reza el documento al que ha tenido acceso la SER.

El Estado no solo tendrá que presentar la relación detallada de los menores evaluados, sino "el recurso de acogida asignado, así como la relación detallada de los que estén pendientes de asignación", reza la resolución judicial, el Estado tendrá que explicarle al Supremo cuáles son "las unidades administrativas responsables de la realización de actuaciones, concretos acuerdos o protocolos concertados con Canarias y calendario detallado establecido para su ejecución", concluye el Supremo.