La Autoridad Portuaria inicia el desalojo de quienes viven en sus barcos en el Muelle deportivo
En caso de no hacerlo, el usuario podría enfrentarse a una sanción de 60.000 euros
Barcos deportivos / SALÓN NÁUTICO - Archivo (EUROPA PRESS)
Las Palmas de Gran Canaria
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha empezado los trámites para desahuciar a una treintena de personas que actualmente utilizan sus embarcaciones para residir en el Muelle deportivo, aunque la investigación sigue abierta para detectar más casos. Y ha empezado a enviar las notificaciones previas a los afectados en las que se da un plazo de diez días para que se libere el espacio de amarre indebidamente ocupado, si bien podrán presentarse las alegaciones oportunas. Ahora bien, de desestimarse, la situación se elevará al Consejo de Administración, que procederá al desahucio administrativo de la embarcación y el usuario podría enfrentarse a una sanción de 60.000 euros.
El Puerto inició el procedimiento de notificación en el mes de febrero instando a uno de los propietarios a desalojar el embarque. Avisaron así que, de no hacerlo, previa autorización judicial, elevarían la embarcación para depositarla en tierra. Tal y como asegura la Autoridad Portuaria, que preside Beatriz Calzada, el amarre caducó el 31 de diciembre, lo que supone la obligación de "largar amarras". Esto es, según el argot portuario, desatar los cabos que sujetan el barco al muelle y zarpar.
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Según el ente portuario, ya se ha dado traslado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que sean los servicios municipales los que valoren la situación en la que se encuentran los residentes.
Reclamaciones judiciales
Algunos de los afectados han avisado de que recurrirán a los tribunales porque entienden que la falta de legislación les ampara. Argumenta que, al contrario que lo que esgrime la APL, la Ley de Puertos del Estado no veta pernoctar en los barcos. Algunos de estos residentes son familias con hijos menores de edad, otros con vulnerabilidad social, y otros tantos que residen en sus embarcaciones por decisión propia.
Por lo pronto, el Consejo de Administración de la APL ya ha rechazado ocho recursos de alzada contra estos desahucios de "barcos vivienda" con el fin de recuperar los amarres en los pantalanes de la marina. Fueron presentados por los propietarios de los barcos 'Esperance', 'Bañaderos Uno', 'Catiago', 'Mabelle', 'Nipper y Out of here', 'Clea' y 'Acobat'.
El conflicto se remonta a la detección de anuncios en algunas plataformas para alquilar estas embarcaciones como viviendas y a la falta de espacio para atracar nuevas embarcaciones en el Muelle deportivo. En este sentido, el pasado mes de abril, el Gobierno de Canarias y Airbnb suscribieron un acuerdo para detectar y retirar de la plataforma la oferta de alquiler turístico manifiestamente irregular en las islas. Esto afectará a tiendas de campaña, furgonetas campers, yurtas y barcos.
