"El tiempo y la calidad de atención a las víctimas de violencia machista disminuirán": la alerta de los jueces canarios ante la nueva Ley de eficiencia
Los jueces y juezas de las Islas también están llamados a la huelga, convocada por cinco asociaciones para los tres primeros días de julio, contra las reformas que prevé el Gobierno de España

Cadena SER

Las Palmas de Gran Canaria
Los jueces y juezas de Canarias avisan del impacto que tendrá en los órganos judiciales de las Islas la reforma de la Ley de eficiencia judicial, que entrará en vigor en octubre, y que llevará a los magistrados a la huelga los días 1, 2 y 3 de julio. a pesar de la negativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a firmar los servicios mínimos al declararse "incompetente".
El juez decano de Las Palmas, Juan Avello, ha lamentado en la Cadena SER que las mujeres víctimas de violencia de género vayan a ser unas de las principales perjudicadas por esta reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños. Esto, justamente, cuando Canarias es la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista, hay unos 7.000 casos activos en el sistema VIOGEN, y hace menos de una semana que se produjo el último feminicidio en las Islas: el de una mujer que murió asfixiada en Las Palmas de Gran Canaria, Carmen, a manos de su pareja, quien después se ahorcó.
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Avello alerta del colapso que supondrá en los órganos judiciales la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Tal y como recuerda, este cambio se traducirá en que los juzgados de violencia sobre la mujer asuman las competencias sobre todos los delitos de libertad sexual, tales como violaciones o casos de acoso sexual. Y esto, hasta ahora, estaban en manos de los jueces de instrucción. "Si ya partimos de unos juzgados absolutamente colapsados, con pocos juzgados y personal, nos enfrentaremos a un problema y vamos a dejar de ofrecer una atención de calidad porque no podremos dedicarle más tiempo a la víctima", ha aseverado el juez. Así, tal y como se revela en la última memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), más del 60% de los juzgados de las Islas están al límite por el aumento de pleitos.
Esta, según Avello, no será la única consecuencia de este polémico cambio normativo. También el retraso en la tramitación de los procesos civiles derivados de la violencia de género. "Los números son los que son y ya tenemos la previsión de que estos procedimientos se incrementarán en torno a un 25%", alerta el magistrado. Y pone un "ejemplo muy claro" del impacto que tendrá sobre las mujeres: "¿qué médico atenderá mejor a los pacientes? ¿el que tiene 10 enfermos diarios en agenda o 25?", reflexiona. Por eso, critica, "no se pueden dar estos pasos en el tratamiento de la violencia de género sin la debida reflexión".
Más recursos y un cuarto juzgado
A falta de unos meses para que esta reforma entre en vigor, los juzgados de las Islas especializados en violencia de género ya redoblan esfuerzos. "Si nuestras competencias son de un 100%, ahora mismo nuestro personal está al 180 o al 200", señala Avello sobre una plantilla que se encarga de la instrucción que, ya de por sí, son "complejos" al implicar la realización de informes médicos forenses y valoraciones psicológicas. Con todo, afirma que el volumen de detenidos no para de crecer. "Hace unos días tuvimos 16 detenidos y el personal salió después de las 19 horas. Cuando ya estamos colapsados, no es de recibo que se nos incremente el trabajo en un 50%".
Por eso, exige que se les dote de recursos y que se amplíe el número de juzgados especializados. Hace prácticamente un año, el 1 de julio de 2024, se ponía en marcha el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y con él se agruparon los partidos judiciales de la capital, Arucas, Guía y Telde. Además, hay que sumar las dependencias especializadas de San Bartolomé de Tirajana. Aún así, Avello indica que, "siguiendo con la estrategia de comarcalización", lo más conveniente sería dotar con un cuarto juzgado a Las Palmas de Gran Canaria para así unificar la gestión y que no hubiera diferencia de trato a las víctimas.




