Canarias reduce los vertidos al mar, pero aún hay más de 200 sin autorización

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias registra actualmente 403 puntos de vertido al mar, de los cuales 361 están activos. Son 31 menos en total que en 2021, pero hay 216 (53,6%) que siguen sin autorización o en trámite, lo que preocupa a las autoridades autonómicas. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano Hernández Zapata, quiere revertir esta situación y se ha marcado como objetivo que en 2027 más del 85% de los puntos no autorizados se encuentren trámite antes del año 2027 y que el 60% del total se encuentre autorizado.

Para ello, el Ejecutivo trabaja ya en un nuevo decreto y ha puesto en marcha una hoja de ruta integral, centrada en la revisión de expedientes estancados, la mejora de la coordinación con ayuntamientos y cabildos, y el refuerzo técnico a las administraciones locales.

Como parte de esa estrategia, se ha presentado también un nuevo censo de vertidos, con datos actualizados sobre la situación de los emisarios en la etapa anterior (2021), con el objetivo de mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información ambiental. Este censo se puede consultar a través del visor de Grafcan, disponible en la web del Gobierno.

De los 403 puntos identificados, 112 tienen autorización vigente y 75 están en trámite, lo que supone que más del 55% ya están regularizados o en proceso de estarlo. Además, el 64% de los vertidos tienen titularidad pública y proceden de aguas urbanas, lo que refleja las carencias en depuración que aún afectan al archipiélago.

En cuanto al reparto geográfico, Tenerife concentra 180 puntos de vertido (autorizados y no autorizados) y Gran Canaria, 115. Los más preocupantes, por su impacto y localización, son los emisarios del Teatro Benito Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, y Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife.

La Consejería recuerda que su papel es autorizar los vertidos tierra-mar, pero no tiene competencia sobre la depuración ni sobre la ejecución de infraestructuras de saneamiento, que recaen en otras administraciones. También aclara que los cierres de playas o el control de la calidad de las aguas costeras son competencia de salud pública.

Mientras tanto, el Gobierno ha priorizado el seguimiento intensivo de los 20 vertidos más relevantes de Canarias, en coordinación con las administraciones responsables, para reducir su impacto sobre el medio marino. El reto ahora pasa por dotar de personal técnico suficiente y mejorar las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales para cumplir los objetivos marcados antes de 2027.