Demoledor informe de Fiscalía: hasta seis cargos públicos canarios investigados por los vertidos al mar

Santa Cruz de Tenerife

Los hechos investigados por la Fiscalía se remontan a junio de 2024, cuando el ayuntamiento de Puerto de la Cruz decretó el cierre de Playa Jardín desaconsejando el baño. Según el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso la SER, la decisión se basó en un informe de la Dirección General de Salud Pública que alertaba sobre la degradación de la calidad del agua. El Ministerio Fiscal quiere esclarecer la posible responsabilidad que tengan en ello hasta seis cargos públicos que han desempeñado distintos puestos en la gestión de la calidad del agua de esas playas. Es el caso de Alberto Bernabé, responsable del área de Turismo hasta el año 2019. Pero también Marco González, exalcalde de Puerto de la Cruz, David Hernández, concejal y teniente alcalde, Alberto Cabo, concejal de empleo, Blanca Pérez, consejera de Medio Natural y Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas, según la información adelantada por eldiario.es.

El contenido de la denuncia de Fiscalía

Uno de los motivos por los que Fiscalía solicita la apertura de diligencias de investigación es que en el barrio de Punta Brava hay viviendas sin conexión a la red de saneamiento, que vierten aguas domésticas a pozos negros. "El Ayuntamiento tiene la obligación legal de garantizar la recogida, tratamiento y vertido adecuado de aguas residuales", reza la denuncia del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía va más allá y señala también al Consejo Insular de Aguas , que "debe realizar controles y tareas de vigilancia en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) así como de mantenimiento y reparación de fugas y roturas del emisario submarino", reza la denuncia. "Inspecciones y análisis en las zonas donde se autorizan los vertidos. Se debe hacer un contraste anual y un control de la conducción del vertido. No consta que se haya hecho desde que el Consejo obtuvo la titularidad", añade tajantemente.

Tres años ignorando la situación

Según el Ministerio Fiscal, desde el año 2016, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife "no aportaba datos del caudal de efluente vertido, no se aportan determinaciones de los parámetros sólidos sedimentales, fósforo total, nitrógeno y detergentes incumpliendo los condicionantes de la autorización de vertidos", todo ello en el programa de vigilancia y control que debía aportar a la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

La Fiscalía de Medio Ambiente prosigue su relato señalando que en 2011 el Consejo Insular obtiene titularidad emisario. En 2020 se detecta una fuga que no se reparó hasta junio de 2023. Es decir, pasaron más de tres años sin que se reparara la fuga del vertido. Además, "existen dos puntos de vertidos desde tierra al mar cercanos a la citada playa que son el aliviadero de la EBAR el Caletón y el aliviadero de la EBAR de Playa Chica, que vierten a Playa Jardín, para los cuales nunca se solicitó la previa y preceptiva autorización de vertidos al mar por parte del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, que es la titular, y ya en 2023 por este motivo, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural le impuso sanciones al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz", tal y como publicó la Cadena SER hace meses.

Vertidos desde la depuradora del valle de La Orotava

La Fiscalía también señala al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que gestiona la estación depuradora y al emisario submarino que vierte aguas residuales urbanas al mar. "Aunque el tratamiento incluye procesos avanzados, desde 2016 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) incumple los requisitos de vigilancia ambiental: No se aportan datos de caudal ni de parámetros químicos y microbiológicos y no se inspecciona adecuadamente la estructura del emisario submarino", explica el Ministerio Fiscal.

Tras el cierre de la playa, el CIATF "solo ha realizado reparaciones provisionales, pendientes de una reparación definitiva que implicaría sustituir un tramo de 240 metros del emisario, considerado obsoleto", prosigue la Fiscalía. Entre 2020 y 2024, se realizaron 208 inspecciones visuales y 416 análisis microbiológicos en Playa Jardín.

Riesgos para la salud humana

La denuncia de Fiscalía señala que los hechos son graves, por cuanto suponen un riesgo para la salud humana. Las aguas residuales urbanas contienen microorganismos patógenos: Bacterias: E. coli. Hepatitis A y E, enterovirus, rotavirus. También parásitos y protozoos, helmintos. Todo esto puede suponer gastroenteritis, diarreas, vómitos, infecciones respiratorias, de oídos, ojos, piel y fosas nasales. Uno de los informes revela la presencia de materia orgánica, lo que según la Fiscalía, evidencia la falta de depuración en la estación depuradora, llegando a detectar valores elevados de amonio, nitrógeno y fósforo.

"Una muestra presentaba fuerte olor a cloro, lo que indica un uso inadecuado del mismo, que puede generar compuestos tóxicos como trihalometanos y cloraminas", llega a decir el Ministerio Fiscal. Los hechos podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 y siguientes del Código Penal), por lo que Fiscalía solicita al juzgado competente la apertura de Diligencias Previas para investigar y esclarecer los hechos.