El lado oscuro del 5G: Denuncian falta de controles y posibles impactos en Canarias

Arrecife

Los colectivos Ecologistas en Acción Lanzarote y Ben Magec han hecho un llamamiento urgente a los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias para que defiendan y apliquen el llamado “principio de precaución” en la implantación de antenas de telecomunicaciones.

Los ecologistas insisten en que existen evidencias científicas suficientes para considerar los riesgos potenciales de estas infraestructuras tanto sobre la salud como sobre el medio ambiente.

En un comunicado, las organizaciones critican la elección de emplazamientos sin criterios de seguridad ni participación vecinal, como ocurre en Masdache (Lanzarote) y en Antigua (Fuerteventura). Según denuncian, la población afectada se encuentra en una situación de “indefensión” y sin cauces efectivos para intervenir en el proceso de instalación.

La base legal que regula la exposición a campos electromagnéticos en España, recuerdan, se apoya en los límites marcados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

Sin embargo, Ecologistas en Acción y Ben Magec cuestionan la legitimidad de esta organización privada, señalada por su cercanía a la industria tecnológica y por restringir su análisis a los efectos térmicos inmediatos, sin valorar los impactos biológicos a largo plazo. Diversas instituciones y sociedades científicas han puesto en duda estos parámetros, mientras que el Consejo de Europa ya recomendó en 2011 reducir drásticamente los niveles de exposición.

Señalan que una revisión científica publicada en 2022 reveló que casi el 75 por ciento de los estudios existentes detectan efectos adversos en la salud de personas que residen cerca de estaciones base de telefonía.

Entre los problemas señalados figuran alteraciones neurológicas, trastornos del sueño, cefaleas, depresión, dificultades de concentración, así como cambios bioquímicos relacionados con diabetes y cáncer.

Inacción de las administraciones

Ecologistas en Acción acusa a los sucesivos gobiernos españoles de, a pesar de estas evidencias, desatender tanto las denuncias ciudadanas como los requerimientos del Defensor del Pueblo, que en 2017 y 2019 instó a crear la Comisión sobre radiofrecuencias y salud. Dicha comisión, prevista en la ley desde hace más de una década, nunca se ha constituido.

En su lugar, apuntan, se ha favorecido al Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y vinculado directamente a las compañías del sector.

En 2024, la federación ecologista remitió un informe al Ministerio de Sanidad en el que acusaba al CCARS de prácticas de “negacionismo científico” y de favorecer el despliegue del 5G sin garantías sanitarias suficientes. En los últimos meses, además, se han sumado nuevas quejas, incluida la presentada en mayo de 2025 ante el Defensor del Pueblo para exigir la constitución inmediata de la comisión legalmente establecida.

Los colectivos concluyen que solo una política basada en la transparencia, la independencia científica y la participación ciudadana podrá garantizar que el avance tecnológico no se haga a costa de la salud de las personas ni del equilibrio ambiental del Archipiélago.